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Sobre el Caso Hooft
Mar del Plata, 25 de Mayo de 2013

 

Desde APDH Mar del Plata en nuestro carácter de querellantes en el juicio de responsabilidad y en la causa penal que se le sigue al Dr. Pedro Federico Cornelio Hooft transcribimos a continuación el comunicado emitido por el Ministerio Público Fiscal en relación con la causa penal en trámite.

Delegación APDH Mar del Plata.
Natalia Messineo (presidente)
Juan Carlos Wlasic (secretario)

 
Frente a recientes publicaciones realizadas por diferentes medios de prensa en relación con el denominado “caso Hooft”, el Fiscal General subrogante Pablo Esteban Larriera, que interviene en la causa, y la Secretaria de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de estado, Romina Trinidad Cavallo, ofrecen la siguiente información que surge del propio proceso:

El suspendido juez correccional de Mar del Plata, Pedro Cornelio Federico Hooft, imputado por su participación en crímenes de lesa humanidad, acusa de constituir una asociación ilícita a los fiscales y jueces de la democracia que deben investigarlo por su actuación como juez de la dictadura; es decir, Hooft impone a sus acusadores cargos criminales cuando es él quien debe responder por las imputaciones que se le formulan.

La declaración indagatoria es el acto de defensa por antonomasia, pero Hooft se rehúsa a asistir, actitud que resulta cuanto menos paradójica, al tratarse de un juez que incumple reiteradamente las citaciones de otro juez. El imputado ha pedido la nulidad de su citación a prestar declaración, recusó al juez ahora actuante y finalmente, luego de presentar una supuesta grabación subrepticia al fiscal de la causa que pidió su indagatoria, denunció penalmente el pasado 15/04/2013 a la totalidad de los fiscales, al juez y al abogado querellante César Sivo por asociación ilícita, un día antes del último llamado a indagatoria.

El juez Martín Bava citó a Hooft a indagatoria tres veces entre julio de 2012 y abril de este año, pero el imputado nunca concurrió amparado por sus fueros de magistrado. Antes de que ello ocurriera seis jueces federales de la jurisdicción se excusaron de intervenir en el expediente. El primer pedido de la fiscalía para que se lo cite en calidad de imputado es del 1° de noviembre de 2011.

Además debe decirse que, después del último llamado a indagatoria que estaba previsto para el 16 de abril de 2013, el Tribunal Oral Federal de La Plata, que juzgó en Mar del Plata los crímenes en la causa Base Naval II, ordenó investigar el accionar de Hooft durante la última dictadura militar, lo cual confirma una vez más las firmes sospechas que fundan el llamado a declaración indagatoria que impulsa la fiscalía. Esta orden de investigar a Hooft se dictó luego de un juicio oral diferente llevado a cabo por jueces de la ciudad de La Plata, en forma completamente independiente de la causa que tramita en Mar del Plata.

Luego de las reiteradas ausencias de Hooft a los llamados a indagatoria, el juez Bava fijó ahora una nueva audiencia para recibirle declaración al imputado el próximo 4 de junio, orden que está vigente.

Si bien Hooft se encuentra suspendido desde el 5 de marzo pasado, Bava considera que no ha perdido los fueros, dado que el jury no ha llegado a su fin, y por esa razón no ordena su detención para que comparezca a declarar y sólo le cursa citaciones.

La Unidad Fiscal marplatense solicitó en marzo pasado al juez que dictara la prohibición de Hooft de salir del país y luego requirió que “se arbitren los medios para su comparecencia”, pero Bava rechazó esos pedidos, que fueron apelados y se encuentran a la espera de resolución en la Cámara Federal.

Las ausencias de Hooft a los llamados a indagatoria fueron notificadas por el juez a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, por “consistir su ausencia en un manifiesto obstáculo para la prosecución de la causa”.

En cuanto a los antecedentes, de la causa, ésta fue iniciada el 6 de marzo de 2006 por una denuncia del entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. La denuncia contó con la adhesión de la Secretaría de DDHH bonaerense y de representantes de las asociaciones de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y de familiares de víctimas y la agrupación HIJOS.

Hooft está imputado por su participación en 17 casos con víctimas de homicidios, desapariciones, torturas y privaciones ilegales de la libertad, entre los delitos más graves, perpetrados entre el 6 y el 13 de julio de 1977, en el marco del episodio conocido como "La Noche de las Corbatas".

Para la fiscalía, esos delitos no hubiesen podido perpetrarse, o al menos no hubiesen contado con la garantía de impunidad posterior, sin el aporte esencial prestado por el juez Hooft, quien tramitando los hábeas corpus presentados en beneficio de las víctimas y las causas en las que debieron investigarse las privaciones ilegales de la libertad y los homicidios de algunas de ellas, proporcionó adecuada cobertura judicial a los autores de tales hechos, evitando a la vez que los sucesos fueran investigados en los estrados competentes.

La calidad y la cantidad de las infracciones cometidas por Hooft permite inferir a la fiscalía que no se trata de meros errores en la gestión judicial sino de tolerancia y/o colaboración con las prácticas del aparato represivo del Estado.

Los miembros de la Fuerzas Armadas y de seguridad, pero principalmente las autoridades de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601, a cargo de la Subzona Militar 15, contaron con una garantía de impunidad que les brindó Hooft.

Al momento en que se sucedieron los hechos conocidos como “la Noche de las Corbatas”, Hooft era el juez de turno en el departamento judicial de Mar del Plata y, en ese carácter, rechazó los hábeas corpus presentados en favor de Jorge Candeloro, Marta García de Candeloro, Norberto Centeno, Hugo Alais, Camilo Ricci, Tomás Fresneda, Mercedes Argañaraz de Fresneda, Carlos Bozzi y Salvador Arestín. Puntualmente en el caso de Candeloro y en el de Centeno el rechazo de hábeas corpus se produjo cuando aún estaba pendiente la respuesta de las autoridades de la Subzona militar N° 15 en relación con esas víctimas.

Por otro lado, en el caso de Centeno, Alais, el matrimonio Fresneda, Bozzi y Arestín, el juez Hooft tramitó además las causas en las que debieron investigarse sus privaciones ilegítimas de la libertad, pero en todos los casos se omitieron todas las medidas de instrucción que podrían haber resultado útiles para el esclarecimiento de los hechos. Tampoco Hooft declinó la competencia a favor del fuero federal y, transcurrido un mes y medio de los hechos, remitió las causas a la Subzona Militar N° 15 por entender que se relacionaban con casos de supuesto origen subversivo. Es decir que envió los expedientes para su investigación a la fuerza armada que había secuestrado y tenía bajo su órbita de poder a las víctimas, lo cual ya fue acreditado en dos juicios orales.

Es importante poner de resalto que a la fecha de la remisión de los expedientes a las autoridades militares los abogados estaban aún con vida sometidos a condiciones inhumanas de detención en el CCD denominado “La Cueva”. Todas esas causas desaparecieron sin que hasta hoy haya podido obtenerse información acerca de su destino.

A ello se agrega que, en relación puntual con la detención ilegal de Ricci, Hooft se comprometió a efectuar gestiones personales y el letrado fue liberado al día siguiente, lo cual demuestra sus aceitados contactos con las estructuras del Ejército que intervenían en la represión ilegal.

 

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