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Gonzalez María de los Angeles y otros contra GCBA sobre amparo (Art. 14 CCABA)
16 de Julio de 2004

“GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)” , EXPTE: EXP 12948 / 0 Ciudad de Buenos Aires, de julio de 2004.- Y VISTOS: Para resolver los autos señalados en el epígrafe venidos a despacho a fin de resolver la medida cautelar solicitada, y CONSIDERANDO: I.- Que a fs. 17 se presenta la Señora María de los Angeles González, por derecho propio y en representación de sus hijos Dalila, José y Alexis González, con el patrocinio letrado de la Dra. María Elia Capella, del Consultorio Jurídico en Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS, y de la Dra. Carola Escalada, exponiendo que la entidad citada se considera interpelada por la situación en la que se encuentra la actora y sus hijos, cuyos derechos se encuentran agraviados desde que, a pesar de los innmerables reclamos efectuados ante la Administración frente a la “desesperante situación de emergencia familiar y habitacional” en la que se encuentran, la misma repercute directamente sobre su salud y dignidad. Asimismo, la entidad humanitaria que acude a este tribunal invoca la esperanza de que quien suscribe no se escude en normas rituales para no resolver la terrible situación por la que atraviesan las personas por las cuales ha efectuado esta acción de amparo. A todo evento, adelanto que no existe nada más alejado del quehacer de este tribunal que eludir sus responsabilidades hacia los justiciables bajo el ropaje formal de la justicia -así con minúscula-. Ahora bien, la actora tiene tres hijos de cuatro, dos años y medio y seis meses de edad, quienes acuden al tribunal a fin de que la Administración les dé una vivienda digna y les asegure la subsistencia. Sostiene la Señora González que es desocupada, y que mantiene a sus hijos sin la ayuda de sus respectivos padres. Que ante la pérdida absoluta de sus ingresos económicos, se alojaba en el Hotel Caseros de esta Ciudad de Buenos Aires. Luego una amiga que alquilaba una habitación con su pareja e hijos, le brindó alojamiento cuando fue desalojada de aquel establecimiento por haber finalizado el subsidio que recibía, debiendo soportar las agresiones y malos tratos de la propietaria de la vivienda. Que en el ínterin acudió a la Secretaría de Desarrollo Social para solicitar ser incluida nuevamente en los programas que otorgan subsidios para paliar la emergencia habitacional pero allí se le expresó que la funcionaria que atendía su caso no está más en esa Secretaría por lo que de hecho se le ha negado verbalmente la petición de ayuda, aún cuando el Asesor Tutelar de este fuero, el Dr. Gustavo Daniel Moreno envió un oficio a tal efecto, de fecha 17 de junio de 2004, que obra a fs. 23 de este expediente. A la falta de respuesta por parte de la Administración, su hijo de seis meses de edad comenzó a sufrir bronquitis tornándose “desesperante” la situación en la casa donde vivía con su amiga por razones de hacinamiento y de condiciones lamentables del inmueble. El 10 de julio pasado, el hijo de la dueña del hotel no dejó entrar a la Señora González y le quitó violentamente la llave, por lo cual todas las cosas de los chicos quedaron dentro de la habitación, incluso la aerocámara indispensables para la salud de su hijo pequeño. A raíz de los hechos que expone, quedó en la calle, ya que solo ha conseguido una habitación donde una amiga la deja pernoctar debiendo salir todos los días a la mañana “a recorrer la ciuad, solicitando la asistencia que se (le) niega constantemente” agregando que el martes pasado llamó al Programa Buenos Aires Presente en donde tampoco obtuvo ayuda la que solicita en forma prioritaria para sus hijos. Acompaña una constancia emitida por el Grupo Comunitario San José de esta Ciudad de Buenos Aires, de fecha 24 de junio de 2004, y que obra en el expediente a fs. 13, en la que se manifiesta que los actores concurren diariamente a ese comedor para los servicios de almuerzo y merienda desde hace un año aproximadamete. También se corrobora en dicha documental que la actora carece de vivienda, no teniendo ningún apoyo económico y que se encuentra en total estado de indefensión junto a sus tres hijos siendo su situación “muy apremiante”. A fs. 6 se solicita una medida cautelar para que con la mayor urgencia se la incluya en un programa de asistencia habitacional apropiado para el grupo familiar que conforma con sus hijos, y también por la inclusión de los programas de fortalecimiento de los grupos familiares vulnerables como son el Programa Nuestra Familia y el plan de asistencia habitacional establecido por el Derecoto 895/2002. II. A fs. 24 obra la constancia en virtud de la cual el Señor Asesor Tutelar, a requerimiento de este tribunal, en razón de la urgencia y gravedad de la petición y dado que en el día de la fecha comienza el receso de la feria judicial, ha informado acerca de los antecedentes obrantes en aquella Asesoría Tutelar. Así se encuentra agregado a fs. 23 una copia del oficio que el Dr. Gustavo Daniel Moreno enviara con fecha 17 de junio de 2004 al Director de Emergencia Habitacional Señor Víctor Colombano, destacando en este momento la falta de respuesta al punto 5, en donde precisamente, se solicitó al funcionario mencionado “cuáles son las acciones que se implementarán toda vez que la Sra. María de los Angeles González ha percibido la última cuota del subsidio” III. De lo expuesto, encuentro que la petición cautelar solicitada es de carácter innovativo siendo aquella medida la que “…permite sobrepasar, rebasar, desbordar y exceder el esquema vinculatorio original en tanto, obviamente, se reúnan los presupuestos propios de la cautelar si de su mantenimiento se sigue un daño que la sentencia de fondo aspira a corregir” (conf. GALLEGOS FEDRIANI, Pablo, “Las medidas cautelares contra la Administración Pública”, Ed. Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2002, página 126, con cita del precedente “Cámara, Andrés y otros c/Banco Hipotecario Nacional s/recurso de apelación”, C.Fed. La Plata, 10 de septiembre de 1991). En el caso concreto, ese vínculo original que puede ser, acorde a los términos utilizados por el doctrinario, “sobrepasado”, “rebasado”, mediante el dictado de la cautelar solicitada, deviene en el caso concreto, del hecho de que la amparista ha recibido un subsidio temporal, provisional de la Administración local y ésta actualmente, sin que hayan variado sus condiciones de vulnerabilidad socio-económica, le deniega de hecho, a través de la falta de respuesta, ser incluida nuevamente en los programas paliativos de tal condición que como se ha visto, se ha descripto como “desesperante” y “muy apremiante”. El artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires establece que las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso (en este caso, la protección de los derechos a la salud, a la vivienda y a la subsistencia), incluso aquellas de contenido positivo, pudiendo el juez actuante, según lo establece el segundo párrafo de dicha norma, dictar las medidas más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia. Esta norma expresa del código local, aplicable al trámite de este expediente de amparo, según jurisprudencia de la Alzada de este fuero, se inscribe en la doctrina procesal italiana anterior a que la legislación procesal la admitiera. Así lo hacía notar Calamandrei cuando destacaba “la necesidad de reconocer un poder general cautelar confiado al juez fuera de los institutos singulares y en virtud del cual pueda siempre, cuando se manifieste la posibilidad de un daño derivado del retardo de una providencia principal, proveer en vía preventiva a eliminar el peligro en la forma y con los medios que que considere oportunos y apropiados al caso” (cita que puede leerse en la obra “Medidas Cautelares contra la Administración Pública”, de Guillermo Snopek, Editora Platense S.R.L., Buenos Aires, 1985, página 77). Cabe agregar que a la amplitud de posibilidades cautelares conferidas a los jueces por el CCAyT se suma también que haya dispuesto en el mencionado artículo 177, final del primer párrafo, que la medida pueda coincidir con el fondo de la acción promovida que es lo que adelanto, ocurrirá en este expediente, atento a que nos hallamos ante un caso en el que se hallan comprometidos derechos fundamentales, provenientes de la única condición que en este momento resulta relevante jurídicamente y que está dada por el hecho de que nos encontramos ante personas humanas a las cuales del Derecho en todo su espectro, a nivel e internacional, protege. Y para enervar tal protección judicial no hace falta un pronunciamiento definitivo pues la adopción de la medida cautelar es posible “pués el principo de vinculación más fuerte exige dar prioridad al cumplimiento de los mandatos constitucionales, y entre éstos, de modo incluso más acusado, a aquéllos que son expresión o reflejo del contenido de derechos fundamentales…” (según jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, España, citado por Mariano Bacigalupo, en “La Nueva Tutela Cautelar en el Contencioso Administrativo”, Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 1999, página 38). La alegada condición desesperante en la que se hallan las personas actoras de este amparo, la que indudablemente fue tenida en cuenta por la entidad de derechos humanos que los patrocina, exime a quien suscribe sobreabundar a los fines del peligro en la demora como requisito de la medida solicitada. En cuanto a la verosimilitud en el derecho y sin perjuicio de que la jurisprudencia de cualquiera de los tribunales de la Argentina, ha sentado que a mayor existencia de uno de ellos, menor incidencia del otro, resulta ésta la oportunidad para reiterar la necesidad de que las garantías judiciales de los derechos fundamentales sean eficaces. Al respecto, “La reforma constitucional de 1994 y la sanción del nuevo art. 43 importaron una trascendente modificación de la acción de amparo en relación a los requisitos que imponía su anterior consagración legislativa. Pero de la mutación operada interesan sólo algunos aspectos. En efecto, el art. 43 de la CN establece que la acción de amparo será rápida y expedita, esto es, una vía de la máxima celeridad y libre de cargas, tanto en el inicio como en sus pasos ulteriores. Estos dos adjetivos, lejos de tener propósitos literarios, la caracterizan y obligan al menos, en un doble sentido, Por una parte, a los jueces que deben interpretar el actual régimen legal en consonancia con ellos…Pero además, debe tenerse en cuenta que junto al art. 43 rige, también el art. 75, inciso 22…con lo cual damos por cierto que deben armonizarse los remedios judiciales que consagra el art. 43 con los que disponen varios tratados” (conf. Carlos Vallefín. “Protección Cautelar frente al Estado”, Ed. Lexis Nexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, página 145, siendo mío el destacado en letra negrita). El autor recién citado afirma que los jueces debemos armonizar los mandatos constitucionales con los tratados internacionales en la protección de los Derechos fundamentales. En este caso, y tal como se ha citado en el escrito de amparo, rigen tanto la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el Pacto Intrnacional de Derechos Civiles y Políticos, siendo en tales documentos, la eficacia de la protección de los derechos, un aspecto esencial del legislador internacional, que “…si bien podía considerarse implícita en nuestro ordenamiento, los tratados citados al incoporarla de manera expresa sustentan la conclusión de que en el derecho argentino el amparo es una garantía constitucional rápida, expedita y eficaz” (conf. Vallefín, op.cit., página 146). Ahora bien, el amparo ha de ser una vía rápida, expedita y eficaz desde de su interposición, desde las etapas iniciales. Ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Angel Siri del año 1957, afirmó que “Las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias”, en referencia a que el máximo tribunal hizo lugar en tal precedente, a un amparo en ausencia de la norma que lo reglamentaba como podría llegar a sostenerse que ocurre en el ámbito de esta Ciudad de Buenos Aires. No obstante, “…entendemos que debe privilegiarse la operatividad de todas las normas que reconozcan derechos subjetivos, especialmente cuando tal reconocimiento es explícito y cuando la falta de reglamentación legal no impida el ejercicio del derecho” (conf. HYNES, Luisa María, “La Operatividad de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, Revista de Derecho Público, Número 2, Ed. Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1987, página 95). En la Ciudad de Buenos Aires ninguna duda puede caber en punto a la operatividad de los derechos y garantías fundamentales. Así lo contempla el artículo 10* de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que expresamente se titula “Operatividad”, el cual dice “Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos”. “…al decir de Beltrán de Felipe, …se han implantado entre nosotros principios constitucionales de aplicación inmediata con tanto vigor como los reconocidos por la propia la Constitución. Es decir, se ha puesto tanto vigor en su reconocimiento como en su aplicación inmediata. Esto, al igual que en la Constitución española de 1978, es también por vía del artículo 10º, novedoso en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires” (conf. Liberatori, Elena, en “El Amparo en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la innecesariedad de su reglamentación para ser operativo”, Revista Lexis Nexis, Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 14 de agosto de 2002, página 27). La Constitución de los porteños desagregó las obligaciones asumidas hacia los ciudadanos en los documentos jurídicos internacionales de modo que, en lo que respecta a la vivienda, el artículo 31 establece el derecho a una vivienda digna y proporciona algunas directivas a los poderes públicos tendientes a asegurar precisamente ese derecho. Por lo tanto, existe tanto una normativa supra como infraconstitucional en el ámbito local, en algunos preexistente a la sanción de la Constitución de la Ciudad, la cual articula los derechos humanos consagrados y protegidos por las normas fundamentales tanto de la Nación Argentina como de la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires contando este tribunal con las normas procesales necesarias para dictar la medida cautelar en sentido favorable a la peticionaria, a fin de resguardar sus derechos esenciales ante la situación de vulnerabilidad en la que se halla junto con sus hijos. A tal efecto, habré de disponer que la Administración adopte, en forma inmediata, urgente, las medidas del caso a fin de paliar la situación de calle en la que se encuentran viviendo los actores, con la advertencia de que a la hora de resolver el establecimiento que habrá de ampararlos, aquél deberá reunir los requisitos reglamentarios en orden a su capacidad habilitada de personas, condiciones de limpieza e higiene, y salubridad en general. Por las razones expuestas, RESUELVO: Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenar -previa caución juratoria que deberá prestar la parte actora- a la DIRECCION GENERAL de EMERGENCIA HABITACIONAL de la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, que en el marco de sus facultades y competencias y en forma inmediata, adopte las medidas necesarias a fin de que la actora y sus hijos menores de edad, reciban alojamiento a fin de paliar la emergencia habitacional en la que se encuentran debiendo en tal circunstancia tener presente que el alojamiento cumpla con las condiciones reglamentarias vigentes en el ámbito de esta Ciudad de Buenos Aires. Regístrese y notifíquese a las partes, con carácter urgente, en el día, con habilitación de horas inhábiles, y al Asesor Tutelar en su público despacho.  

 

 

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