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Morales Laura Teresa contra GCBA sobre amparo (Art. 14 CCABA)
23 de Marzo de 2004

“MORALES LAURA TERESA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)” , EXPTE: EXP 11816 / 0 Causa Nº 11816/0: “Morales, Laura Teresa c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de marzo de 2004. Y VISTOS; CONSIDERANDO: A fs. 1/9 se presenta la Sra. Laura Morales, por sí, y en representación de sus hijos menores de edad María Patricia, Elizabeth y Laila, e interpone acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que proceda a suministrar la alimentación necesaria para revertir el cuadro de desnutrición que padece su hija Laila, y también a otorgar a su grupo familiar una vivienda digna, atento que se encuentran en pleno proceso de desalojo. Sostiene, en síntesis, que vive con su marido y sus tres hijas en un departamento de dos ambientes que le facilitaba el patrón del primero. Agrega que su marido es pintor “sillero” y que sufrió un accidente laboral en el que se fracturó una pierna, motivo por el cual estuvo enyesado e inmovilizado hasta hace poco tiempo. En este sentido, remarca que durante el período en que su esposo se vio imposibilitado de trabajar, obtuvo dinero vendiendo estampitas y almanaques en los transportes públicos de pasajeros. En la actualidad –relata- se encuentran en pleno proceso de desalojo y su hija Laila se encuentra desnutrida. Asimismo, pone de resalto que reciben cuatro canastos de ayuda alimentaria por mes, lo que resulta insuficiente para reverir el cuadro de desnutrición de su hija Laila, toda vez que la misma debe recibir alimentos que no son provistos en aquéllos. Por último, refiere que su hija Laila padece broncoespasmos y que, para tratarlos, le han recetado una aeromáscara, que hasta el momento no ha obtenido. Dentro del marco referido, solicita el dictado de una medida cautelar ordenando la inclusión de su grupo familiar en un programa de asistencia alimentaria, de medicamentos, de fortalecimiento y habitacional apropiado. A fs. 30/35 el Sr. Asesor Tutelar toma la intervención en representación de las hijas menores de edad de la actora, en los términos del art. 59 del Código Civil y del art. 34 de la Ley 21. Luego de efectuar su propio análisis de lo relatado por la accionante en el escrito de inicio, y en relación a la medida cautelar pretendida, el Sr. Asesor Tutelar señala que, a su entender, se encuentran acreditados tanto la verosimilitud del derecho, como el peligro en la demora alegados. Asimismo, solicita se ordene a la demandada que efectúe un diagnóstico y seguimiento social del grupo familiar de la actora y que se informe al Juzgado del mismo cada 10 días hábiles, informe que deberá ser suscripto por una trabajadora social matriculada. II. Así planteada la cuestión, debe señalarse que “la medida cautelar innovativa es una diligencia precautoria excepcional que tiende a modificar el estado de hecho o de derecho existente antes de la petición de su dictado (...), ordenando –sin que concurra sentencia firme de mérito- que alguien haga o deje de hacer algo, en sentido contrario al representado por la situación existente” (conf. Peyrano, Jorge W., “Compendio de Reglas Procesales en lo Civil y Comercial”, 3ª. ed. actualizada, Zeus, 1997, pág. 97). En tal sentido, este tipo de medidas –de contenido positivo- se encuentran comprendidas en el artículo 177 del código de rito local en cuanto establece que “Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia (2do. párr.)...aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida (1er. Párr.)” Asimismo, cabe agregar que, por configurar –la medida innovativa- un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, resulta justificada una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (C.S.J.N., in re “Camacho Acosta”, del 7/8/97), esto es, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Respecto del presupuesto de verosimilitud del derecho, cabe afirmar que este recaudo es materia susceptible de grados y está influido por la índole del reclamo principal, del que no puede ser desvinculado. Si bien este requisito no se encuentra mencionado en forma expresa en el ordenamiento procesal, esta implícito en las disposiciones de los arts. 178, 2do. párr., y 180 del CCAyT, en cuanto contemplan conductas tendientes a crear convicción en el juzgador sobre la plausibilidad jurídica del planteo. El peligro en la demora, por su parte, consiste en la probabilidad de que la tutela jurídica definitiva que la actora aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no pueda, en los hechos, realizarse, es decir que, a raíz del paso del tiempo, los efectos del fallo final resulten prácticamente inoperantes (conf. Palacio Lino “Derecho Procesal Civil”, Tª IV-B, pág. 34 y ss.; CN Cont. Adm. Fed., Sala IV in re “Azucarera Argentina – Ingenio Corona c/ Gobierno Nacional – Ministerio de Economía”, del 1/11/84; CN Civil y Com. Fed., Sala I, in re “Remolcadores Unidos Argentinos SA c/ Flota Fluvial del Estado Argentino”, del 2/3/84; CN Civil, Sala E, in re “Tervasi Carlos A. y otros c/ Municipalidad de la Capital”, del 5/12/84). Es decir, que requieren que se acredite el peligro de un perjuicio irreparable (CN Cont. Adm. Fed. Sala III, in re “Decege SA c/ Estado Nacional s/ ordinario”, del 16/8/90). Ello sentado, entiendo que la medida cautelar pretendida por la accionante, puede dividirse en tres cuestiones. Ellas son: a) la situación de emergencia alimentaria que padece el grupo familiar de la accionante, con especial referencia a la menor Laila Solange Morales; b) la necesidad de insumos médicos necesarios para tratar los broncoespasmos que padece la menor Laila Solange; y c) la situación de emergencia habitacional en que se encuentra el grupo familiar. En relación a la primera cuestión –carencia alimentaria-, debe señalarse que la documental acompañada por la accionante, da cuenta no sólo que la menor Laila Solange Morales padece desnutrición (ver recetas a fs. 10 y 22 y originales reservados en Secretaría), sino que para revertir ese cuadro debe ingerir los alimentos que allí se detallan. Además, a fs. 11 luce una nota presentada por el marido de la accionante –padre de las menores-, dirigida a la Coordinadora del programa “Vale Ciudad”, en la que solicita los suplementos dietarios necesarios para revertir el cuadro de vulnerabilidad en que se encuentra su grupo familiar. La nota en cuestión fue presentada el primero de marzo del corriente año. Asimismo, con fecha 11 de marzo de este año, el Sr. José Mendez de Armas reiteró el pedido a la Coordinadora del Programa “Nuestras Familias” (fs. 18) La actora alega que a la fecha de su presentación, no ha obtenido respuesta favorable a sus pedidos. Cabe recordar, finalmente, que el Alto Tribunal ha sostenido que “...la pretensión que constituye el objeto del proceso cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda la relación jurídica. En caso contrario, si estuviese obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la obligación que pesa sobre él de no prejuzgar, es decir, de no emitir opinión o decisión anticipada – a favor de cualquiera de las partes- sobre la cuestión sometida a su jurisdicción” (Fallos: 314:711, consid. 2do.; en igual sentido, Fallos: 306.2060, consids. 6to. y 7mo.). En consecuencia, cabe concluir que los argumentos de la actora son, prima facie, suficientes para generar una clara convicción tanto de la verosimilitud del derecho, como del peligro en la demora invocados, encontrándose, por tanto, cumplidos los recaudos para la tutela provisional solicitada en lo atinente al déficit alimentario la menor Laisa Solange Méndez Morales. La medida, sin embargo, procederá únicamente respecto de la menor Laila Solange, toda vez que la propia actora manifiesta que recibe cuatro canastos de ayuda alimentaria por mes, con lo cual, no se advierte –en este estado liminar del proceso- una omisión manifiesta de la demandada en este punto. Además, la totalidad de la documental aportada, se refiere al cuadro de desnutrición que padece la menor Laila Solange, sin que exista referencia alguna respecto de los demás integrantes del grupo familiar. Ello, claro está, sin perjuicio de lo que en definitiva resulte del informe que se ordenará ut infra acerca de la situación del grupo familiar de la actora. IV. En relación a los reclamos referidos, por un lado, a los insumos médicos (aeorocámara pediátrica) y, por el otro, al pretendido subsidio habitacional, y en forma previa a resolver sobre su procedencia, corresponde ordenar a la accionada (Secretaría de Promoción Social) que efectúe un diagnóstico –suscripto por una trabajadora social matriculada- del grupo familiar de la actora en el que se deberá informar a este Juzgado lo siguiente: a) composición del grupo familiar; b) la situación nutricional del mismo, con especial referencia a los menores María Patricia, Elizabeth y Laila Solange Mendez de Morales; c) situación habitacional de la familia y posibildad de inclusión en un programa o subsidio habitacional; y d) cualquier otra cuestión que pueda resultar de utilidad. El informe deberá ser evacuado en el plazo de 5 días y la confección del oficio queda a cargo de la accionante. Asimismo, y toda vez que no surge de autos que la menor Laila Solange Mendez de Morales padezca broncoespasmos, ni con qué fines se le ha diagonsticado el uso de una aerocámara padiátrica, se deberá adjuntar un certificado médico que acredite tal patología y el tratamiento más recomendable para su cura. Por lo expuesto, RESUELVO: Hacer lugar parcialmente a la medida innovativa solicitada, ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Secretaría de Promoción Social que incluya, en el plazo de tres días, a la menor Laila Solange Mendez de Morales en un programa de asistencia alimentaria, el cual deberá tener especialmente en cuenta la dieta que necesita para superar el cuadro de desnutrición que actualmente padece. Ello, previa caución juratoria que deberá prestar personalmente la accionante ante Funcionario del Juzgado. Disponer la producción de las medidas ordenadas en el Considerando III. de la presente. Regístrese, notifíquese a la actora en el día y con habilitación de días y horas inhábiles, al Sr. Asesor Tutelar en su Despacho y comuníquese a la accionada mediante oficio de estilo.  

 

 

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