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Romero Liliana contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA)
10 de Septiembre de 2004

“ROMERO LILIANA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)”, Expte: EXP 13333 / 0 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de mayo de 2005. Y VISTOS: I.- a) A fs. 1/6 se presenta la señora Liliana Romero, por derecho propio y en representación de sus hijos menores, e interpone acción de amparo contra el G.C.B.A. –Secretaría de Desarrollo Social.- “...a los fines de que proceda a suministrar vivienda digna y necesaria para la subsistencia de mi grupo familiar incluyéndome en el programa de subsidios habitacionales del cual he sido arbitrariamente excluida...”. Asimismo, solicita que se la incluya en el Programa de Jefes y Jefas de Hogar desocupados, toda vez que su grupo familiar cumple los requisitos previstos para su inclusión en dicho plan. Relata que su familia esta compuesta por cinco integrantes, su marido Sergio Daniel Rios y sus tres hijos menores de edad Shirley Elizabeth Romero, Karen Ailen Villafañe y Lautaro Daniel Ríos Romero. Manifiesta, asimismo, que actualmente se encuentra desocupada, y su marido realiza changas en forma periódica, ganando muy poco dinero, y que ella percibe el Vale Ciudad por un monto de pesos ciento sesenta. Expresa que ese Vale no le alcanza para cubrir las necesidades alimenticias de sus hijos, quienes se encuentran en plena edad de crecimiento, razón por la cual se ven obligados a concurrir diariamente al Comedor Comunitario “Pequeños Camioneros”, del Centro Cultural y Comunitario Hijos de la Rivera.- Señala que viven en una habitación que alquilan por un monto de pesos doscientos cincuenta, y debido a la desesperante situación en la que viven desde hace tiempo y a que debe priorizar la alimentación de sus hijos, no abona el alquiler desde el mes de agosto de 2002. Asimismo, manifiesta que frente a las reiteradas intimaciones del dueño y a su imposibilidad de saldar la deuda, la cual constituye un monto elevadísimo, solicitó ayuda en la Secretaría de Desarrollo Social presentando dos notas, la primera el 9 de marzo (Reg. Nº 7.966) y la segunda el 25 de junio del corriente año (Reg. Nº 13.271) a fin de solicitar se le otorgue un subsidio habitacional, las cuales no han sido respondidas hasta la fecha de interposición de la demanda, no obstante el pronto despacho presentado el 30 de julio (Reg. Nº 15.306). Agrega que ante su dramática situación solicitó al Ministerio de Trabajo de la Nación que la incorpore al Plan de Jefes y Jefas de Hogar, recibiendo respuesta negativa de dicho ministerio (expte. nº 1-2015-1091887-04), ante lo cual presentó un nuevo pedido al Gobierno de la Ciudad pues la efectivización y adjudicación de dicho programa se realiza en los Consejos Consultivos de cada localidad. Finalmente expuso, entre otros argumentos, que sus dos hijas mayores concurren, pese a la desesperante situación en la que se encuentran, al instituto “William C. Morris” a fin de cursar sus estudios primarios. b) Sustenta jurídicamente la acción intentada en diversas disposiciones internacionales, entre otras, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Derechos del Niño; incorporados a la Carta Magna por el art. 75, inc. 22 de la Norma Fundamental. Asimismo, recuerda diversos precedentes tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la jerarquía de los tratados internacionales –entre otros, el leading case “Giroldi”, emanado del Cimero Tribunal Federal y “Villagran Morales y Otros”, emanado del tribunal internacional mencionado, en el cual se puso de resalto que el derecho a la vida es un derecho fundamental, cuyo goce es un prerrequisito necesario para el disfrute de los demás derechos humanos- y sobre la obligación de la autoridad pública de dar satisfacción a las necesidades básicas de los individuos que componen la sociedad en defensa de los derechos a la vida, a la vivienda, etc., mediante las acciones positivas correspondientes. Resalta la importancia del reconocimiento jurídico generalizado del derecho a una vivienda adecuada, siendo un deber de los Estados desarrollar la actividad necesaria para garantizar su goce a través de medidas concretas, lo cual surge tanto de lo expuesto por el Cómite de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación nº 4, como de las previsiones del PIDESC. Pone de resalto, a su vez, el derecho a la protección integral de la familia que, además de emanar de diversos acuerdos internacionales, se encuentra receptado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto prevé que la ley deberá establecer la protección integral de la familia. En este sentido, sostiene que se encuentran conculcados no sólo los derechos ya mencionados sino que también, al impedírsele su ingreso a los planes habitacionales vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, se vulnera el principio de no regresividad, en cuanto impide que los Estados, mediante su accionar, empeoren las condiciones de goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Indica que el estudio de una norma de carácter regresivo debe efectuarse mediante un severo control de razonabilidad y legitimidad, existiendo respecto de la misma una presunción de ilegitimidad ante el trato diferencial acordado, quedando a cargo del Estado la prueba de la justificación de la medida adoptada. c) Finalmente, solicitó el dictado de una medida cautelar incluyéndosela junto a su grupo familiar en un programa de asistencia habitacional apropiado, teniendo en cuenta sus características. II.- A fs. 97/109 se presenta la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires contestando en legal forma el traslado dispuesto en autos. Efectúa una negativa genérica y otra específica de los hechos relatados por la actora. Relata que la acción interpuesta por la accionante resulta improcedente pues se persigue soslayar lo preceptuado en el art. 19 del decreto nº 895-GCBA-2002 en cuanto dispone “Establécese que a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto no podrán ingresar nuevos beneficiarios a la modalidad transitoria de alojamiento en hoteles prevista en cualquier otro programa habitacional de este Gobierno...”. Agrega que no habiendo actuación ilegítima de autoridad pública no es posible predicar la existencia de lesión sobre los eventuales derechos de la actora, por lo que sin perjuicio concreto no hay “causa”. Considera que la lesión a los derechos amparados por la vía intentada debe provenir de actuaciones en sentido positivo dirigidas a interferir o interrumpir el goce del derecho, o bien de una omisión imputable a la administración. Continúa relatando que no existen omisiones o acciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que puedan reputarse o configurar un supuesto de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta como lo exigen la normativa legal y constitucional o que puedan ser calificadas de abusivas o lesivas de presuntos derechos de la accionante y su núcleo familiar. Expresa que no corresponde imputarle al GCBA omisión ilegítima alguna por cuanto las normas constitucionales y las infraconstitucionales no establecen obligación legal a cargo del Estado de otorgar subsidios o proveer una vivienda digna y permanente a toda persona que la solicite. Ello solo impide calificar el caso de “omisión legal o arbitraria” en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y 14 de la CCABA. Luego de realizar otras consideraciones en lo referente a la viabilidad de la acción interpuesta, solicita el disponga el rechazo de la acción intentada. III.- A fs. 86/89 tomó intervención en autos el señor Asesor Tutelar del fuero en representación promiscua de los menores a cargo de la actora en los términos del art. 59 del Código Civil y el art. 34 de la ley 21, solicitando el dictado de una medida cautelar de carácter urgente en los términos expuestos en el punto 4.5 de su presentación. IV.- A fs. 90/91 este Tribunal concedió la medida cautelar solicitada, ordenándole al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluya en el plazo de veinticuatro horas a la accionante y a su grupo familiar en los programas de emergencia habitacional de conformidad con sus necesidades. Posteriormente, el demandado acompañó constancia de que se le otorgó a la amparista un adelante por subsidio habitacional de pesos ciento veinticinco ($ 125) en virtud de la cautelar ordenada en estos autos (vid. fs. 111/116). V.- A fs. 150/154, una vez sustanciadas las presentes actuaciones, el señor Asesor Tutelar dictaminó en virtud de la vista conferida a fs. 147. En primer lugar, consideró que el amparo resulta la vía idónea a fin de preservar el derecho de la amparista y su grupo familiar. Ello así, pues en el caso no existe otra vía que sea más idónea para dejar sin efecto la lesión al derecho que se ha vulnerado, toda vez que es necesario que, en forma inmediata, se dé respuesta a la situación que lesiona el derecho a la vivienda de los menores intervinientes en autos. Considera que en el caso existe una lesión manifiestamente ilegal y arbitraria del derecho constitucional a la vivienda, produciendo en los menores la incertidumbre de no saber como continuarán su vida junto a su madre, y qué derecho les asistirá en el futuro. Por otra parte, indicó que el control judicial de los programas sociales no se encuentra vedado por disposición alguna, implicando el rechazo de tal control la vulneración de la protección judicial establecida expresamente en la órbita local por el art. 12, inc. 6º de la CCABA. Relata que, en la especie, la madre de los menores efectuó diversos requerimientos ante la Secretaría de Desarrollo Social sin que hasta la actualidad se le haya brindado una respuesta. Asimismo, considera que la situación de vulnerabilidad del grupo familiar se encuentra reconocida jurídicamente por el Gobierno de la Ciudad, lo que motivó que se le otorgara el subsidio concedido a través del programa “Vale Ciudad”. En síntesis, considera que debe admitirse la acción de amparo incoada, otorgándose a la amparista y a su grupo familiar el subsidio habitacional previsto en el decreto nº 895/02, hasta tanto la familia pueda formular una propuesta concreta en los términos del art. 10 de la norma mencionada. Asimismo, deberán evaluarse mensualmente soluciones alternativas a la situación de crisis en que se encuentra la familia, debiendo remitir mensualmente un informe al juzgado en lo que se refiere, especialmente, a la situación de salud, escolaridad y nutrición de sus representados. Y CONSIDERANDO: A efectos de un correcto ordenamiento integrativo, corresponde analizar previamente: 1) La admisibilidad procesal de la acción. 2) Una vez resuelto tal presupuesto, se examinará si la conducta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reviste arbitrariedad manifiesta, lesiva de derechos y garantías constitucionales, ya sean nacionales o de leyes dictadas en su consecuencia o de tratados interjurisdiccionales en los que la ciudad sea parte, de conformidad con el art. 14 de la CCABA y su posible tacha como quebrantadora del orden constitucional. 3) Se estudiará, por un lado, la procedencia de la pretensión de la actora de que se la incluya en los programas de asistencia social existentes en la Ciudad de Buenos Aires y, por el otro, la constitucionalidad de la limitación prevista en la normativa vigente a la inclusión de la actora y su grupo familiar en dichos planes. Finalmente, se analizará la inconstitucionalidad impetrada por el señor Asesor Tutelar respecto de los plazos a los que se encontrarían sujetos los distintos programas en la normativa aplicable. I Admisibilidad procesal de la acción de amparo: Idoneidad de la vía escogida. 1) La vía escogida requiere, de conformidad con el art. 14 CCABA y art. 43 CN, que la pretensión amparista acredite una lesión, restricción, alteración o amenaza, actual o inminente. La doctrina señala que la lesión debe ser "real, efectiva, tangible, concreta e ineludible" . Asimismo debe hallarse configurada una ilegalidad o arbitrariedad. En el primer caso, si se viola el derecho positivo, o aún existiendo legalidad en sentido amplio, si el plexo normativo invocado en el supuesto de autos es írrito por apartarse de la voluntad del legislador, o es irracional. Una vez reunidos estos extremos básicos, los mismos deben ser pasibles de lograr una decisión judicial en un tiempo razonable, dentro del marco de un proceso signado por la celeridad, y desprovisto de rigorismos procesales que dificulten esta vía expedita y rápida. En tal sentido, cabe recordar que Bidart Campos explicita la idoneidad de la vía en cuestión, desde la elección de aquélla que sea más apta para la tutela inmediata que se debe deparar al justiciable . Vale decir que será el juez quien deberá sopesar si la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que ostente el acto o conducta impugnada, necesita de un eficaz y pronto remedio judicial obtenible a través de la eficacia de este proceso constitucional. 2) En el subexamine, la naturaleza de los derechos debatidos referidos a la protección de la vivienda y un concepto integral de salud, junto con la protección a la niñez, todos ellos de raigambre constitucional, y la demora necesaria que conlleva el procedimiento de la acción contenciosa normado en el título VIII del CCA y T, llevan al convencimiento de que remitir la presente a una acción ordinaria implicaría un menoscabo al derecho a la tutela judicial efectiva. Ello así, la dilación en el tiempo de la presente acción importaría una negativa a una respuesta eficaz en el tiempo para el justiciable. Conforme lo expresara la Excma Cámara de Apelaciones de este fuero, sala I, "La idoneidad de la vía debe determinarse en función de la naturaleza y caracteres que reviste el acto u omisión presuntamente violatorio de derechos o garantías constitucionales o legales y de la concreta necesidad de acudir a la garantía en examen para evitar o hacer cesar prontamente sus efectos" . Por ello, se valora la presente acción constitucional, -libre, en el decir de Morello, de vasallajes procesales- como pertinentemente idónea para la resolución del entuerto de autos. II A fin de efectuar el análisis del caso en examen, cabe precisar el sustento fáctico de autos, reseñando la prueba reunida y la documentación acompañada por las partes. Así, surge que: 1) De la documentación aportada por la accionante al iniciar la presente acción de amparo cabe resaltar: 1.1) Las intimaciones que le fueran cursadas a fin de que abone el alquiler del inmueble en el que reside, una fechada el 10 de abril de 2004, con respecto a los alquileres posteriores al mes de agosto de 2002 (vid. fs. 40), y otra del 28 de agosto del mismo año, requiriendo el pago de los mismos períodos. 1.2) A su vez, obra la constancia de ingreso al Ministerio de Trabajo de la Nación –el día 1 de julio de 2004- de un nota presentada por la amparista solicitando que se la incluyan en el programa que mejor se adecue a las necesidades de su familia (vid. fs. 30). Dicha nota fue contestada por el Asesor de la Secretaría de Empleo del órgano mencionado el día 15 de julio de 2004, haciéndole saber, por un lado, que no existen recursos presupuestarios suficientes para hacer lugar a su petición y, por el otro, que, conforme el programa de descentralización operativa del Ministerios, la ejecución de los programas asistenciales se encuentra a cargo de los Municipios, mientras “...el control en la adjudicación y efectivización del mismo está a cargo de los Consejo Consultivos de cada localidad”, quienes deberán atender a los reclamos de los interesados y gestionarlos. 1.3) Por su parte, la actora requirió al Secretario de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que le otorgue un subsidio habitacional, ya que sus ingresos le son insuficientes para dar debida satisfacción a las necesidades de su familia (el día 1º de marzo de 2004; vid. fs. 12). Asimismo, el día 25 de junio de 2004 realizó una nueva presentación ante el Secretario de Desarrollo Social a fin de que se le conceda un subsidio en lo que se refiere a su hijo Lautaro, ya que, si bien solicitó un subsidio a su respecto, el mismo no le fue otorgado. Esta última solicitud fue reiterada el día 25 de junio de 2004 (vid. fs. 14), presentando un pronto despacho a su respecto el día 30 de julio del mismo año (vid. fs. 16). Finalmente, el día 24 de agosto de 2004 pidió que se la incluya en el plan “Jefes de Hogar Desocupados”, requerimiento que le fuera denegado en la órbita del Ministerio de Trabajo de la Nación, haciéndole saber al Jefe de Gobierno de la Ciudad que la falta de respuesta de su requerimiento la obligaría a iniciar las acciones legales correspondientes (vid. fs. 42). 1.4) Acompañó constancias de alumnas regular respecto de sus hijas Shirley Villafañe y Karen Villafañe, quienes cursan el sexto y cuarto año del ciclo EGB en el Instituto “William C. Morris” (vid. fs. 25 y 26) y, además, una nota de la cual surge que las menores mencionadas concurren al establecimiento en calidad de becadas (vid. fs. 27). 1.5) Por último, obra reservada en Secretaría la documentación que acredita, en primer lugar, que la amparista y su grupo familiar almuerzan diariamente en el Centro Cultural y Comunitario “Hijos de la Ribera” (vid. fs. 25), en segundo lugar, que reciben ayuda de Cáritas, tanto en materia alimentaria como de vestimenta (vid. fs. 32). 2) A fs. 85 obra un acta de la cual surge que el día 18 de septiembre de 2004 el señor Secretario de la Asesoría Tutelar del fuero se constituyó en el inmueble que habita la accionante –ubicado en la calle Gral. G. Araoz de Lamadrid nº 679 de esta ciudad- y advirtió que la vivienda de la amparista se encuentra ubicada en la parte posterior del inmueble, a la cual se accede por una precaria escalera de madera que lleva a una humilde construcción de chapa. Asimismo, dejó sentado que se entrevistó con la requerida, Liliana Elizabeth Romero, y que también se encontraban presentes sus hijos Lautaro Daniel Ríos-Romero, Karen Ailen Villafañe y Shirley Ailen Villafañe, todos ellos menores de edad. Por otra parte, dejó constancia que la señora Romero le manifestó que también convive con ella su pareja Sergio Daniel Ríos, no encontrándose en el lugar al momento de su concurrencia. Indicó que la vivienda es muy humilde y precaria aunque se encuentra ordenada, en buenas condiciones de aseo y cuenta con una línea telefónica. La amparista le manifestó, en esa oportunidad, que es beneficiaria del “Vale Ciudad”, por el que percibe mensualmente la suma de pesos ciento sesenta ($ 160) y que, si bien no abonaba, al momento de realizarse el acto, el alquiler desde hace dos años, aun no fue desalojada. 3) A fs. 115 obra un informe social respecto de la solicitud de subsidio habitacional efectuada por la señora Liliana Romero, del cual surge que su grupo familiar se encuentra formado por sus tres hijos –que ya fueron mencionados con anterioridad-. Asimismo, se indica que la familia cuenta con un único ingreso de pesos ochenta ($80) por las tareas de limpieza que desarrolla semanalmente la accionante. Además, reciben un subsidio de pesos ciento sesenta ($ 160) a través del “Vale Ciudad”, asistiendo al comedor “Pequeños Camioneros” del barrio de la Boca. En lo que se refiere a las circunstancias particulares del caso, se dejó constancia de que el grupo familiar de la amparista vive en la calle Lamadrid nº 679 de esta ciudad desde hace trece años, sin que en la actualidad pueda abonar el alquiler correspondiente. Relata que desde que se separó del señor Villafañe éste se ausentó sin que los haya asistido económicamente con posterioridad. Por su parte, el padre de su hijo menor, el señor Ríos, sólo la ayuda en cuanto a los pañales que precisa el bebé. Es por ello que el diagnóstico de la licenciada en trabajo social fue que se trata de una familia en situación de vulnerabilidad social, con dificultades habitacionales, encontrándose la madre a cargo de tres hijos menores de edad. 4) A fs. 127/131 obra el reconocimiento judicial efectuado por este Tribunal. Además de las circunstancias edilicias que fueron advertidas, al momento de efectuarse el acto se encontraban en el inmueble en cuestión los hijos de la amparista, Lautaro Daniel Ríos Romero, de un año, Karen Ailen Villafañe, de 10 años y Shirley Elizabeth Villafañe, de 11 años. III Plataforma Normativa Sentado lo anterior, se reseñará el bloque de legalidad constitucional bajo el cual se habrá de enmarcar el tratamiento del subjudice : Fuentes jurídicas del derecho a una vivienda adecuada en el marco de las normas internacionales sobre derechos humanos 1. Convenios y pactos internacionales: el estado debe ceñirse, en lo atinente a la materia de autos, a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), en el párrafo 1 del artículo 11 ; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), art. 5 ; La Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1979), párrafo 2, artículo 14 ; La Convención sobre los Derechos del Niño (1989), en el párrafo 3 del artículo 27 y La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990), párrafo 1 del artículo 43 . 2. Declaraciones y recomendaciones internacionales: La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), párrafo 1 del artículo 25 ; La Declaración americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. XI ; La Declaración de los Derechos del Niño (1959), principio 4º ; La Recomendación 115 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Vivienda de losTrabajadores(1961)principio 2 ; La Declaración sobre progreso y desarrollo en lo social (1969), Parte II y párrafo f) del artículo 10 ; La Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos (1976), párrafo 8º,sección III y párrafo 3 de la sección A cap. IIº y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986), párr.1º, art. 8º . A su vez, en la Observación General Nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se define el derecho a una vivienda adecuada como integrado por diversos aspectos concretos, que en conjunto constituyen las garantías básicas que se confieren jurídicamente a todas las personas en virtud del derecho internacional . Por otra parte, el mentado Comité enfatiza la armónica relación del derecho a la vivienda con la dignidad humana, lo que impone el reconocimiento de este derecho y se hace hincapié en la prioridad que en tal sentido debe reconocerse a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables. 3. Resoluciones de las Naciones Unidas: Dentro del mismo orden de ideas cabe tener presente las Resoluciones nº 41/146, 42/146 de la Asamblea General; la Res. 1987/62 del Consejo Económico y Social; las Resoluciones nº 1986/36, 1987/22, 1988/24; 1993/77 de la Comisión de Derechos Humanos; La Resolución 14/6 de la Comisión de Asentamientos Humanos y las Resoluciones nº 1991/12 y 1991/26 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. 4. Normativa de la C.N. y la C.C.A.B.A. 4.1) El art. 14 bis de la C.N. establece la necesidad de que la ley establezca “el acceso a una vivienda digna”. Su art. 75, inc, 19, pone en cabeza del estado el diseño de políticas públicas para facilitar dicho acceso. 4.2)- En el orden local, el ordenamiento constitucional – en su art. 10- ha reafirmado la vigencia de todos los derechos, declaraciones y garantías de la C.N., las leyes de la Nación, y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen, estableciendo que aún cuando los derechos y garantías no se encuentren reglamentados no pueden ser negados ni limitados. En su preámbulo, - vale decir, tal como la palabra lo indica, previo a andar – ya queda demarcado el desarrollo humano bajo la solidaridad, la justicia y los derechos humanos, proponiéndose garantizar la dignidad e impulsar la prosperidad. 4.3) En cuanto al desarrollo de políticas sociales, el constituyente local tuteló prioritariamente a las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social, estableciendo como obligación estatal la coordinación de los programas tendientes a superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos (art. 17). En los arts. 20 y 31, regula expresamente el derecho al acceso a la vivienda, vinculándolo con el derecho a la salud integral. IV Seguidamente se delineará la plataforma conceptual, bajo la cual se enmarcará el estudio del subexamine . 1) Los Pactos que componen la Carta Internacional de Derechos Humanos, implican para los Estados partes en los mismos u otros convenios, la asunción de obligaciones relevantes, con un fundamento jurídico cuya medularidad y exigibilidad judicial no pueden ser puestas en tela de juicio dentro de una concepción que afirma el carácter garantista del principio de jurisdiccionalidad, en términos de Luigi Ferrajoli . Al ratificar estos textos de carácter obligatorio el estado asume una responsabilidad ante sus ciudadanos, ante los demás estados partes en el mismo instrumento y ante la comunidad internacional en general, dado que se compromete solemnemente a respetar y asegurar los derechos y libertades consagrados en esos documentos. Además, la adopción de los mismos como supremos en la pirámide normativa local y la aceptación de la jurisdicción de órganos internacionales en materia de derechos humanos, obliga al ejecutor local a conocer y aplicar la interpretación que se ha hecho de estos instrumentos con jerarquía constitucional en las diversas sedes y organismos internacionales . 2) A fin de llevar adelante dicha responsabilidad, no pueden los sujetos de derecho público soslayar el principio que establece la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos. Esto significa que el respeto de los derechos civiles y políticos no puede separarse del disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Por otra parte, los mismos son necesarios para participar en el proceso de un auténtico desarrollo económico y social. Dichos principios básicos cumplen una función orientadora de toda concepción de los derechos humanos y libertades fundamentales. Ambas clases de derechos pueden ser caracterizados como un complejo de obligaciones positivas y negativas por parte del estado, siendo fruto de una conceptualización rigurosa la necesaria admisión de un continuum de derechos.- Además, la categorización de un derecho como “derecho social” cual el caso de autos, no debe inducir a pensar que se contrapone a los derechos individuales, por el hecho de no ser gozado por individuos sino por grupos o por presuponer la inserción social como condición necesaria del título al mismo . Así, en el marco de una concepción liberal, - en el sentido específico y genuino con que Nino utiliza este término -, fraternal, igualitaria y democrática, cabe presuponer que no se trata de un derecho diferente al derecho a la vida, la integridad corporal y otros que protegen bienes necesarios para la autonomía personal, sino que han de ser vistos como una extensión natural de los derechos individuales. Integra esta concepción el reconocimiento de que la posibilidad efectiva de elegir y materializar planes de vida requiere de bienes y recursos que deben ser proporcionados tanto por abstenciones como por prestaciones positivas. El ser humano posee una dimensión material y no puede subsistir sin un periódico intercambio de bienes con la realidad externa a él: alimentos, espacio físico, abrigo, vivienda, medicamentos. Así, cabe afirmar que la libertad formal cobrará entidad en la medida en que cuente con bienes suficientes para ejercerla. De lo contrario, es pura declamación: ¿De qué modo que no sea meramente vacuo puede hablarse de un derecho a la vida, a la integridad física de la persona y a su dignidad, si no se admite un derecho a que quienes están inculpablemente imposibilitados de acceder a su alimentación [vivienda, educación, etc...], igualmente la obtengan? Para que los derechos de primera generación tengan valor para todos los que se pretende que suscriben el contrato social, es condición sine qua non que se garantice a los individuos frente a los avatares más graves que la realidad les puede deparar. El desarrollo del capital social requiere de un estado que promueva activamente las sinergias. Empero, la práctica institucional, suele revelar como materia pendiente la efectiva vigencia de los derechos económicos y sociales, profusamente declamados. Dentro de este contexto, quedan relegados y desnaturalizados ante las penurias que produce la imposibilidad de procurarse alimentación, vivienda o educación adecuada y los cuidados básicos que la salud requiere conforme al avance de la ciencia y la técnica, amén del plano humano al que el derecho debe servir, ante obligaciones legales incumplidas por parte del estado. Esto debe recalcarse, sobre todo, en el marco de un proceso de reafirmación constante de las directrices del llamado neoliberalismo y de achicamiento del estado, con un deterioro progresivo de la identidad y la sociabilidad, la fragmentación, deshumanización, exclusión, precarización y vulnerabilidad, entre muchos otros factores . 3) En el caso particular, cabe partir de la idea del derecho a la vida como presupuesto de todo derecho, cuyo goce es un pre-requisito para el disfrute de los restantes derechos humanos. El mismo comprende el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garantizan una existencia digna, y su contracara es la obligación estatal de garantizar la creación de dichas condiciones. Con dichos lineamientos en mente, corresponde puntualizar, por un lado, que el derecho a la vida, los derechos del niño, así como también la protección de la familia pertenecen al núcleo irreductible de los derechos humanos, cuyo ejercicio no puede suspenderse en ninguna circunstancia . Por el otro, que la vivienda es la base a partir de la cual pueden lograrse otras condiciones de vida que se hallan en estrecha relación con un adecuado nivel de salud física y mental y en general la calidad de vida, dándose curso así al desarrollo de la persona, su personalidad, y de la vida en comunidad. El derecho a una vivienda adecuada es así, uno de los derechos económicos, sociales y culturales que han sido objeto de una atención y un fomento cada vez mayores, no sólo por parte de los órganos de derechos humanos, sino también del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat). Partiendo de la Declaración de Vancouver sobre los asentamientos humanos de 1976, a la que siguió la proclamación del Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar en 1987, y la aprobación de la Estrategia Mundial de la Vivienda por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1988. Allí se definió a la vivienda adecuada considerándose que la misma implica disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable. Uno de los roles claves del “estado inteligente” , que la Constitución de esta ciudad promueve como horizonte de sentido deseable, se halla justamente en el campo de las políticas sociales. Mas no como mero anhelo de utopías, ni de corte programático como expresa la accionada. Sí, en todo caso, como un programa del curso de acción del que no debe alejarse. Tal como lo refiere Adelqui Carlomagno , “La habitación es una necesidad primordial, esencialmente humana, que todos experimentamos sin siquiera discutir. Es como el alimento, la base y el marco obligado de toda actividad individual, llevada al infinito en la complejidad actual de nuestra civilización”. Diversas constituciones de principios de siglo mostraron su preocupación en tal sentido como las de Méjico de 1917, la de Weimar de 1919, o la de la República Española de 1931. Los problemas que desde siempre han gravitado para la obtención de un techo que cobije al grupo familiar, de índole económica, y en función de las políticas sociales, curiosamente registran un origen común entre la palabra economía, que viene del griego oikos, que significa “casa”. De poco serviría dignificar la familia, si no se atiende a una base de sustentación donde la misma se desarrolle. El significado elemental de una vivienda es el lugar donde desarrolla su vida el núcleo familiar. Quizás la defensa más certera sobre el tema fue brindada ya en el año 1922 por la CSJN al expresar: ”Servicios públicos como el alumbrado y el agua pueden reemplazarse, si fueren excesivamente onerosos, por otros medios más rudimentarios. Es posible alimentarse o abrigarse más o menos bien. Pero no hay posibilidad de habitar parcialmente. Se tiene o no se tiene habitación. Exigencias materiales y consideraciones de decoro y moral, todo contribuye a hacer de la habitación la necesidad más premiosa y a convertirla, por tanto, en el instrumento más formidable de la opresión” . En cuanto derecho humano, el titular de este derecho, es la persona humana, tanto en su dimensión individual como familiar o comunitaria. En el plexo normativo internacional se contemplan en calidad de sujetos activos a todo ser humano, particularizado a sectores sociales desfavorecidos, grupos familiares, trabajadores, apátridas, refugiados y minorías étnicas. En el otro extremo de la relación, el sujeto pasivo es ante todo, el Estado. Así, hoy más que nunca, es menester recordar que “el derecho a una vivienda adecuada está reconocido universalmente por la comunidad de países... Todos los países, sin excepción, tienen algún tipo de obligación con respecto al sector de la vivienda, como lo demuestra la creación de ministerios u organismos de la vivienda, la asignación de fondos al sector de la vivienda y las correspondientes políticas, programas y proyectos... todos los ciudadanos de todos los Estados, por pobres que puedan ser, tienen derecho a esperar que sus gobiernos se preocupen de sus necesidades en materia de vivienda...” V Pretensión impetrada en autos Con tales presupuestos en mente, cabe ingresar en el estudio del caso particular traído a conocimiento de este Tribunal. 1) Al respecto, cabe recordar que de las constancias de autos –reseñadas en el apartado II del presente- surge claramente que el grupo familiar de la amparista se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad social, encontrándose ante un peligro inminente de perder la vivienda. Este extremo no se encuentra controvertido en autos, pues el accionado no desconoce su situación de vulnerabilidad, sino que se limita a sostener que no existe un deber legal específico de otorgar satisfacción a los requerimientos del grupo familiar en cuestión. Además, no debe dejar de soslayarse que el mismo demandado, advirtiendo la situación en la que se encuentra la accionante –conforme lo que surge del informe social obrante a fs. 115-, otorgó a la amparista el subsidio contemplado en el programa “Vale Ciudad”. Así las cosas, no cabe duda alguna que la cuestión a dilucidar en autos es, en síntesis, si existe un deber legal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de atender a las necesidades de la actora y su grupo familiar. 2) Es en este estadio donde corresponde poner de resalto que la ciudad, desde el año 1985, ha dictado diversos planes sociales dirigidos a solucionar la problemática de las personas carentes de recursos, y/o los que se encuentran en situación de extrema gravedad, con carencia habitacional, que residen en el territorio de la Ciudad –ordenanza nº 41.110, que creó el Programa de Atención en Casos de Emergencia Individual o Familiar (A.C.E.I.F.); ordenanza nº 42.582, que estableció el “Programa de Atención en Casos de Emergencia Habitacional”; ordenanza nº 43.821, por medio de la cual se crea el programa “Nuestras Familias”; decreto nº 607/97, que establece el “Programa Integrador para personas o grupos familiares en situación de emergencia habitacional”-. En la actualidad, se encuentra vigente el decreto nº 895/02, que modifica el modo de ejecución de los programas existentes en el ámbito de la Ciudad Autónoma, destinados a brindar atención a familias en situación de calle: quienes se encuentren transitoriamente sin vivienda por desalojo o por causas no originadas en fenómenos meteorológicos o hechos fortuitos. Se regula un subsidio consistente en la entrega por única vez de un monto de hasta $ 1.800, por familia (art. 4º) el cual puede entregarse en un máximo de seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas (art. 6º). Su art. 7º estipula los requisitos para el otorgamiento del subsidio, agregando que novedosamente la exigencia en la ciudad como residente de una antigüedad mínima de un año. Su art. 10º estipula que para el caso de presentarse ante la Secretaría de Desarrollo Social por el jefe/a de familia una propuesta tendiente a solucionar su situación habitacional preexistente, la autoridad de aplicación referida se encuentra facultada para abonar un monto complementario por una suma igual al total del subsidio otorgado. Justamente, la problemática de la actora –en el aspecto que cabe aquí analizar- se ciñe en que se le niega la inclusión a los planes integradores vigentes en el ámbito de la Ciudad. 3) Ahora bien, la reseña efectuada con anterioridad en torno a la normativa constitucional y supraconstitucional que rige la materia permite advertir, sin más, que existe una omisión de la administración local en cuanto al cumplimiento del deber legal que le incumbe en defensa derecho a una vivienda adecuada, tanto de la actora como de su grupo familiar. En otros términos, en el caso concreto ha medidado una inobservancia por parte del gobierno en cuanto al contenido mínimo del derecho en cuestión. En este sentido, cabe recordar, en virtud del acatamiento prestado por la accionada a las obligaciones que figuran en el párrafo 1 del artículo 22 del P.I.D.S.C. que, en un desmenuzamiento analítico de la norma surge que: “se compromete a adoptar medidas”, lo cual es una obligación inmediata. Una de las primeras consiste en que el Estado parte emprenda una revisión a fondo de toda la legislación pertinente con miras a armonizar las leyes locales con las obligaciones jurídicas internacionales. “por todos los medios apropiados” o sea, además de medidas legislativas, deben adoptarse otras de carácter administrativo, judicial, económico, social y educativo. Ello confluye con lo expresado por la Sala II de este fuero en el precedente “Fernández Silvia Graciela y otros c/ GCBA s/ Amparo” –sentencia del 28/12/01-, en cuanto al deber del estado local de tomar acciones positivas para cumplir con los fines constitucionalmente previstos, dentro de sus posibilidades presupuestarias y técnicas y en el marco de razonabilidad (art. 28, CN) imperante en todo acto de gobierno. - “hasta el máximo de los recursos de que disponga” esto es que los recursos del estado, así como los que pudieren proporcionar otros o la comunidad internacional, deben utilizarse para dar efectividad a cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. Aún cuando los “recursos de que disponga” sean a todas luces insuficientes, los Estados partes deben hacer lo que esté a su alcance –incluso en momentos de grave contracción económica o frente a medidas de ajuste estructural- para garantizar el más amplio disfrute que sea posible de los derechos pertinentes en las condiciones urgentes. - “Para lograr progresivamente” le impone la obligación de avanzar con la mayor rapidez y eficacia posible hacia la meta de la plena efectividad de todos los derechos mencionados en el Pacto, en particular la referencia al derecho a “una mejora continua de las condiciones de existencia”. Así, toda medida que implique deliberadamente un retroceso en ese sentido debe ser objeto de un examen cuidadoso y tendrá que justificarse con referencia a todos los derechos consagrados en el Pacto y en el marco del pleno aprovechamiento del máximo de los recursos de que se disponga. La pretensión de la accionada a estar a los términos de su responde, habla a las claras de la falta de cumplimiento con esta manda constitucional, por conducto del art. 75, inc. 22 y del art. 10 de la CCABA. Es llamativo, y preocupante, que aquella afirme que no surge obligación legal a su cargo a tenor del art. 31 de la constitución local, tal como refiere a fs. 103 y vta.. La amparista no ha solicitado una vivienda, sino ser incluida en alguno de los planes sociales previstos a dicho fin. Frente a ello, la demandada alude a que en nuestro derecho nadie tiene a su disposición una vía o un procedimiento a través de los cuales lograr que el estado cumpla el deber de adoptar una política social determinada (vid. fs. 105, último párrafo). Formulado en tales términos, podría ser discutible; pero resguardar la dignidad y el derecho a la vida, que van de la mano con el derecho a la vivienda y a la salud y educación de los niños, forma parte del compromiso legal consagrado en la Carta local y nacional. En este sentido, el Pacto reconoce cuatro niveles de obligaciones gubernamentales referidos al derecho a la vivienda: a) Su reconocimiento, con dimensión de derecho humano. Ello implica la interdicción de adopción de medidas de ninguna clase que pudieran menoscabar la condición jurídica de ese derecho. Integran esta obligación las medidas legislativas y políticas adecuadas para la realización progresiva del derecho a la vivienda. b) Su respeto, en aras del cumplimiento de aquello a lo que se obliga a quienes suscriben y adhieren al mismo c) Su protección, lo cual comprende la conveniencia de establecer un sistema de subsidios de vivienda destinado a los sectores vulnerables. d) Su realización, lo cual habla del contenido positivo que estos derechos de segunda generación suponen. Estos diversos niveles de obligaciones, pueden ser también vistos como caracterizando al complejo que identifica a cada derecho, lo que refuerza la unidad entre los mismos. 4) Por las consideraciones vertidas, es dable concluir que resulta evidente que la conducta del GCBA, puesta de manifiesto en la negativa a amparar a la actora y a su grupo familiar prestándole cobijo habitacional resulta contraria al bloque de constitucionalidad ut supra reseñado y carente de la cuota de razonabilidad exigible en su desempeño como entidad pública y de gobierno. Esto resulta palmario en el presente caso, en el cual no se encuentra cuestionada la existencia o vigencia de programas asistenciales en la Ciudad de Buenos Aires, sino que la amparista pretende simplemente su inclusión en el otorgamiento de un subsidio para remediar sus carencias habitacionales, cuya negativa resulta evidentemente contraria a los lineamientos fijados a nivel constitucional y supraconstitucional. En efecto, la actitud del gobierno no resulta acorde con las medidas que el estado debe adoptar para la plena vigencia de los derechos reconocidos, las cuales deben ser “deliberadas, concretas y orientadas hacia el cumplimiento de las obligaciones” . Es así que no resulta razonable que el demandado, en vez de propender a la protección de los derechos que amparan a la amparista, le niegue sin más las prestaciones que en la actualidad otorga la ciudad en el marco del decreto nº 895/02, a aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad semejantes. VI Inconstitucionalidad de los arts. 6 y 19 del decreto nº 895/02. 1) No empece a la solución arribada lo establecido en el art. 19 del art. 895/02, en cuanto establece que a partir de la fecha de entrada en vigencia de esa disposición no podrán ingresar nuevos beneficiarios a la modalidad transitoria de alojamiento en hoteles prevista en cualquier otro programa habitacional del gobierno. Ello a todas luces contraría la normativa constitucional y supraconstitucional que rige la situación de autos –ut supra reseñada en los apartados III y V.3- tanto como los propios considerandos del decreto. En efecto, aquél se encuentra fundamentado en el hecho de que “el crecimiento sostenido de la pobreza torna necesaria la adopción de medidas idóneas para paliar las consecuencias que la misma produce en la calidad de vida de los ciudadanos...que la consecuente cronicidad de las problemáticas de los sectores más desprotegidos, y la progresiva pauperización de los sectores medios produce el aumento de la demanda de soluciones a la problemática habitacional”. También resalta que es preocupante el impacto que produce “la situación de calle” en las familias integradas por niños “en cuyo auxilio debe acudir el gobierno en forma imperativa”. Tras dicha explicitación de razones, prevé la creación de un subsidio para las familias que se encuentren sin vivienda o refugio “como mecanismo de fortalecimiento familiar”. Dichas consideraciones, que son concordantes con los deberes legales que le incumben al gobierno en la materia –como ya se ha dicho-, permiten advertir la irrazonabilidad de la limitación prevista en el art. 19 del decreto nº 607/97. Es por demás contradictorio que habiendo previsto el desarrollo de los derechos involucrados en autos, el GCBA los limite en forma regresiva, alterando con su comportamiento el contenido mínimo indisponible de los derechos en juego. Amén de comportar una seria merma de la obligación positiva del GCBA, de actuar tras la persecución del efectivo y progresivo desarrollo de los derechos involucrados en autos. Es olvidarse, como decía la filósofa y religiosa Edith Stein en una cita luminosa, que “quien enuncia el derecho, se obliga a respetar la regla de derecho que él establece”. 2) Lo expuesto precedentemente trasciende del mentado art. 19 del decreto de marras. Al respecto, no debe dejar de soslayarse que este Tribunal no desconoce las previsiones del art. 6º de la norma analizada, en cuanto establece un plazo determinado para el pago del subsidio allí previsto. Esta última disposición resulta también contraria al bloque de legalidad constitucional reseñado. En el particular, su aplicación al caso implicaría la protección únicamente por un tiempo determinado de los derechos que ostenta la amparista y su grupo familiar, para ingresar luego nuevamente en una situación de vulnerabilidad extrema . Cabe recordar que en diversos fallos el Alto Tribunal ha formulado un análisis consecuencialista de las decisiones judiciales, debiendo esta magistrada, coherentemente con esta línea de pensamiento, ponderar las repercusiones que su sustancia puede aparejar . “No debe prescindirse de las consecuencias que naturalmente derivan de un fallo, toda vez que constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación y su congruencia con el sistema en que está engarzada la norma”. Por ello, frente a la pretensión de la parte actora es necesario que este Tribunal verifique la protección de su derecho en forma consecuente con la satisfacción de las necesidades básicas que tiene insatisfechas. En efecto, sería desconocer la realidad de autos limitarse a admitir la pretensión en cuanto a que se la incorporen a los planes vigentes en la ciudad de Buenos Aires dejando supeditada la prestación a un plazo temporal determinado que no se compadece con las razones que dieron motivo a su incorporación, es decir, la situación de vulnerabilidad en que se encuentra. Todo lo precedentemente expuesto conduce a este Tribunal en atención a la ilegalidad y violación de los pactos internacionales y del bloque constitucional reseñado, a declarar de oficio la inconstitucionalidad de los arts. 6 y 19 del decreto 895/02 –de consuno con la facultad consagrada en el último apartado del art. 14, CCABA- en tanto se obste al grupo familiar en cuestión una solución a su carencia habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos del decreto en análisis, sin la cortapisa de un plazo perentorio que, expirado, los coloque nuevamente en la situación de vulnerabilidad en que se encuentran en la actualidad. 3) Si bien la parte actora no impetró dicho planteo al iniciar la demanda, ello no impide que este Tribunal se expida al respecto, al ingresar en el estudio del sub judice para su resolución, dada la atribución-deber que le compete al Poder Judicial de analizar si la normativa que se trae a decisión guarda o no conformidad con las disposiciones constitucionales. En este sentido, ha indicado el Cimero Tribunal que, como el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho, los tribunales intervinientes en un litigio en particular se encuentran facultados para suplir el derecho que las partes no invocan o invocan erróneamente -por aplicación del principio de iura novit curia-, que incluye el deber de mantener la supremacía de la Carta Magna (art. 31, CN), aplicando, en el supuesto de colisión de normas, la que sea de rango superior y, en su consecuencia, desechando la de jerarquía normativa inferior . Ello, claro está, siempre que la invalidez constitucional de la norma sea de tal entidad –como sucede en la especie- que justifique su declaración en el caso . 4) Por último, corresponde indicar que la declaración de inconstitucionalidad de la normativa citada no implica desconocer la potestad del Poder Ejecutivo local de determinar la oportunidad, mérito o conveniencia de la política habitacional de la ciudad. En efecto, se trata en el caso, una vez establecido el régimen de subsidios otorgados por el Gobierno de la Ciudad para la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad, de expedirse sobre la razonabilidad de la norma vigente. Es decir, dado un marco normativo dentro del cual se desarrolla la política asistencial del estado local, es al Poder Judicial al que le incumbe determinar si la misma es acorde a las disposiciones existentes a nivel constitucional y supraconstitucional sobre la materia. Determinada la falta de sumisión de la norma de rango inferior, es donde surge el deber-facultad antes aludido de decretar su inconstitucionalidad. No se trata de suplir a la administración, sino de controlar su actividad una vez producida. VII Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, y culminando el análisis de las pretensiones de la amparista, cabe referirse a su pedido de inclusión al programa de jefes y jefas de hogar. Al respecto, corresponde poner de resalto, en primer lugar, que la parte actora ha efectuado un relato escueto de dicha pretensión, limitándose a enunciar genéricamente que cumple con los requisitos previstos por la normativa para que se le conceda el subsidio. Sin embargo, ello no es así. En efecto, de la simple lectura del decreto nº 154/GCBA/2002 –que establece la aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires del Programa Jefes y Jefas de Hogar creado por el decreto nacional nº 165/02- surge que es requisito ineludible para la inclusión al plan que el solicitante no se encuentre incluido en otros programas sociales de cualquier jurisdicción que le hayan asignado una prestación en dinero superior a los pesos cien ($ 100), eximiéndose únicamente de este requisito a aquellas situaciones en que el beneficio esté destinado a atender situaciones de discapacidad o derivadas de las condiciones de salud de otros integrantes del grupo familiar (art. 7º, inc. d, decreto nº 154/2002). Ahora bien, la accionante –como bien surge de sus propios dichos- percibe el subsidio “Vale Ciudad” por un monto total de pesos ciento sesenta ($160) mensuales. En consecuencia, ello la excluye per se de que se le conceda el beneficio solicitado. Además, claro está, de que lo decidido en los considerandos anteriores implica la inclusión de la amparista en los planes habitacionales previstos en el decreto nº 895/02. VIII Teniendo en cuenta lo desarrollado en los puntos precedentes, corresponde ahora precisar la conducta que deberá llevar a cabo la accionada a favor de la actora y su grupo familiar. A tal efecto, hasta tanto éstos se hallen en condiciones de formular una propuesta concreta en los términos del art. 10 del decreto 895/02, superadora de su emergencia habitacional en forma integral que, dentro del papel catalizador y facilitador que debe cumplir un estado, contemple el derecho y las necesidades de la familia sin olvidar la salud y educación de los menores, el Gobierno de la Ciudad deberá: 1) Cumplir el pago del subsidio habitacional o, en su caso, proveer a la actora de una ubicación habitacional configuradora del “derecho a la vivienda adecuada” en los términos explicitados en la normativa internacional descripta ut-supra en el punto III. 2) Colaborar en forma conjunta en la búsqueda de soluciones alternativas a la superación de la crisis, con una evaluación mensual del avance o dificultades en la obtención de propuestas, arribando a una solución como fruto de la participación de los actores en este drama social. 3) Se informará mensualmente al juzgado del cumplimiento del presente, de la situación de escolaridad, salud y nutrición, particularizado en cada uno de los menores, y de lo establecido en el art. 14, inc. e) del decreto 895/97, respecto de la contraprestación que es dable exigir a la actora y que hacen a su dignidad como persona. Por las consideraciones vertidas, y oído el Ministerio Público Fiscal, FALLO: 1) Haciendo lugar al amparo incoado por la señora Liliana Romero contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, condenando a éste último a cumplir con lo ordenado en los términos del apartado VIII. 2) Declarando la inconstitucionalidad de los arts. 19 y 6 del decreto nº 895/97 en cuanto impiden el ingreso de la accionante al subsidio habitacional y fijan un plazo determinado para su vigencia. 3) Imponiendo las costas al vencido (art. 62, CCAyT). 4) Regístrese, notifíquese, y a los señores Fiscal y Asesor Tutelar en su público despacho.

 

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