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Vasquez Arenas Ubaldina contra GCBA sobre amparo (Art. 14 CCABA)
17 de Marzo de 2004

“VASQUEZ ARENAS UBALDINA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)”, Expte: EXP 11691 / 1 Expte. Nº EXP-11.691: “Vasquez Arenas, Ubaldina c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Amparo (Art. 14 CCABA)”. Buenos Aires, 17 de Marzo de 2004. Vistos: estos autos en estado de resolver la medida cautelar solicitada. Y Considerando: I. A fs. 1/9 se presenta la señora Ubaldina del Pilar Vásquez Arenas, por sí y en representación de sus hijos menores César Augusto Ausa Vásquez, César Gabriel Ausa Vásquez, César Arturo Ausa Vásquez y Brisa Yazmín Vásquez Arenas e interpone acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de que “proceda a suministrar vivienda digna y necesaria para la subsistencia de los chicos y su grupo familiar reincluyéndola en el programa de subsidios habitacionales del cual ha sido arbitrariamente excluida, y la protección integral familiar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza en su Constitución, debiéndose cumplir con el mandato legal por el que “los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño” que impone la Convención de los Derechos del Niño”. La actora expresa que vino de Perú con sus hijos, quienes no tienen ningún contacto con su padre. En el mes de agosto de 2003, en atención a la emergencia habitacional de su grupo familiar, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le concedió un subsidio habitacional, y le entregaron cuatro cajas de comida por mes a raíz del diagnóstico de tuberculosis pulmonar efectuado sobre su hijo César Gabriel. Con el dinero del subsidio se instalaron en un hotel, con pagos irregulares, lo que motivó que la casera del hotel los maltratara tanto en público como en privado. Ante ello acudió al Asesor Tutelar quien mediante oficio obtuvo que le abonaran los $ 300 que le faltaba cobrar del mentado subsidio. Con dicho importe pagó la deuda del alojamiento pero aún así la casera los echó a ella y a sus hijos a la calle, pese a los esfuerzos del Asesor Tutelar para que le extiendan el subsidio habitacional que la Administración negó tajantemente por haber cobrado el total del monto estipulado por el Decreto 895/02. Afirma que también fue derivada al programa “Nuestras Familias”, donde le informaron que no había presupuesto y que debía regresar al mes siguiente. César Gabriel padece tuberculosis pulmonar y bajo peso, César Augusto tiene una hernia inguinal que le produce fuertes dolores y una indicación médica de absoluto reposo, su hija menor Brisa debe hacerse nebulizaciones y su hijo César Arturo tiene antecedentes de tuberculosis. La propia actora manifiesta haber perdido 10 kg en poco tiempo y padece anemia, y expresa que le están efectuando análisis para saber si padece tuberculosis pulmonar. Actualmente se encuentra en literal “situación de calle”, y duerme en la casa de una religiosa en la calle Olavarría 92 por estos días. Expresa que la encargada del hotel se quedó con todas sus pertenencias y su ropa, que el estado de salud de sus hijos se ha ido deteriorando desde el desalojo. Su hija Brisa contrajo una angina y tuvo una infección en un ojo que luego se trasladó al otro. Finalmente expone que el cuadro de César Gabriel, quien padece de tuberculosis pulmonar y bajo peso, no ha mejorado y que se le hace muy difícil alimentarlo correctamente porque no tiene dónde cocinar. Que César Augusto no puede guardar el reposo prescripto y que corre el riesgo de que el intestino sea estrangulado por la hernia. Solicita como medida cautelar se proteja sus derechos a la alimentación, la salud, la vida y la vivienda, y la protección de la familia. II. A fs. 35/39 emitió su dictamen el Sr. Asesor Tutelar, quien solicitó se continúe abonando a la actora el subsidio habitacional para familias en situación de calle que prevé el Decreto 895/02, programa al que pertenecía el grupo familiar de la actora, al que se le puede adicionar un monto complementario de una suma igual al total del subsidio otorgado en caso de que la familia presente una propuesta para solucionar su situación habitacional preexistente (art. 10). Por otra parte, dada la vulnerabilidad del grupo familiar, la emergencia que padecen sus integrantes, los mayores gastos que traen aparejadas las enfermedades que padecen los niños, sumado a las necesidades propias de la edad de los menores, en lo que respecta a ropa, calzado y útiles escolares, solicita se ordene al GCBA (Secretaría de Desarrollo Social) que incorpore en forma inmediata a los actores en el “Programa Nuestras Familias” creado por Ordenanza 43.821, que tiene como prestación el otorgamiento de un subsidio no habitacional por un tiempo determinado, y se encuentra dirigido a familias que se encuentran en situación de carencia extrema. Finalmente solicita se ordene al GCBA (Secretaría de Desarrollo Social) efectúe un diagnóstico y seguimiento del grupo familiar de la actora, con deber de informar al Juzgado y adjuntar en autos cada 10 días los correspondientes informes sociales y fichas de seguimiento de la familia, suscriptos por una trabajadora social. II. En cuanto al remedio intentado –medida cautelar-, cabe señalar que la petición se enmarca en el artículo 15 de la ley 16.986 y supletoriamente en los artículos 177 y concordantes del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (CCAyT) –conf. art. 17 de la ley 16.986-. El referido artículo 15 de la ley 16.986 parece mentar dos supuestos: medida de no innovar y suspensión del acto lesivo; sin embargo, la doctrina ha señalado que la suspensión del acto administrativo no es más que una expresión particular de la prohibición jurisdiccional de innovar, cuando ella es decretada frente a la Administración Pública. No obstante lo expuesto, corresponde afirmar que en el caso de autos se trata de un típico supuesto de medida cautelar innovativa (ya que la actuación administrativa cuestionada ha producido sus efectos al tiempo de interposición de la presente acción), la que se encuentra regulada en el orden local en el artículo 177 del CCA yT. En el mentado texto legal se señala que: “las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo ...”. III. Además es dable recordar que dentro de las medidas cautelares la innovativa es una decisión de carácter excepcional, toda vez que altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado. Ello es así, toda vez que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en los recaudos que hacen a su adopción (confr. doc. CSJN, 25-6-96, in re “Pérez Cuesta SACI c/Estado Nacional”, entre otros). En el mismo sentido, cabe poner de manifiesto que si bien en el supuesto de autos la medida requerida implica resolver, aunque en forma provisoria, sin debate previo una cuestión litigiosa que involucra la resolución de la cuestión de fondo debatida, cierto es que a ello debe contraponerse la posible afectación de derechos esenciales. IV. En el sub examine, el tribunal en el acotado marco de conocimiento que el dictado de la presente medida exige, advierte que se encuentran debidamente configurados los requisitos de procedencia del remedio procesal intentado. En tal sentido, es dable señalar que la Sala II del fuero ha sostenido que “el constituyente ha tenido en miras garantizar preferencialmente los derechos de las personas de los sectores sociales más desprotegidos, y ha impuesto al estado la carga de promover las políticas públicas tendientes a excluir paulatinamente la pobreza y las situaciones que constituyen un verdadero obstáculo para el efectivo desarrollo de la persona. En otras palabras, deberá tomar acciones positivas para cumplir tales fines, dentro de sus posibilidades presupuestarias y técnicas y en el marco de razonabilidad que debe imperar en todos los actos de gobierno por mandato constitucional -28/12/2001, in re “Fernández Silvia Graciela y otros c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA)”. Asimismo, la Sala I al resolver la causa “Tarantino Héctor Osvaldo y otros c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA) del 28/12/2001, entendió que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al ejecutar la política habitacional no puede prescindir de planificar y poner en práctica una política de desarrollo habitacional en los términos del art. 31 de la norma fundamental local. En tal sentido, cabe destacar que la propia actora manifiesta haber percibido el subsidio habitacional previsto en el Decreto 895/02 y que de fs. 31, 32 y 42 surge que se han presentado oficios ante el Programa de Atención a Familias en Situación de Calle y ante el Area de Emergencia Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin haber obtenido al presente respuesta favorable a tenor de los dichos de la actora. La delicada trama familiar encontraría sustento en las constancias obrantes a fs. 10/28 que dan cuenta que la actora es madre de cuatro hijos menores de edad sin padre que los asista, y con serios padecimientos en la salud. Los elementos esbozados permiten, aún en el acotado marco cognoscitivo de la actuación cautelar, sostener que se encuentra reunida la exigencia vinculada a la verosimilitud del derecho invocado por la parte actora. Asimismo, entiendo que el peligro en la demora se erige ante la situación de indefensión en la que se encuentra el grupo familiar ante la necesidad de que los hijos menores pernocten en diferentes lugares alternativamente y en forma eventual en la calle, con el consabido deterioro a la salud y demás consecuencias de riesgo que ello conlleva. V. Por último cabe referirse al requisito de la contracautela. En tal sentido, es dable señalar que si bien en el Título V (Capítulos I y II) del Código Contencioso Administrativo y Tributario local no se ha dispuesto en forma expresa, como requisito de procedencia de las medidas cautelares, la exigencia de la mentada contracautela; cierto es que su imposición resulta consustancial con la propia naturaleza del instituto cautelar. Ello es así, toda vez que tal requisito responde a exigencias valorativas, como lo es la de garantizar la reparación de los daños que puedan ocasionarse a la demandada, en los supuestos en los que aquella haya sido decretada en forma indebida. Es decir, que la finalidad del instituto, y así resulta en el orden nacional y provincial, no es otra que la de garantizar uno de los principios más sensibles en todo estado de derecho, cual es el de la igualdad de las partes en el proceso, máxime cuando aún se encuentra pendiente su bilateralidad (conf., Cám.Cont.Adm. y Trib. C.A.B.A., Sala I, 23/2/2001, “Casa Abe S.A. c/GCBA s/acción meramente declarativa (art. 277 CCAyT) s/Incid.Apelación”, Boletín de Jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tomo II, Nº 1, año 2002, p. 57). En el caso de autos, considero que corresponde imponer la contracautela juratoria. Si bien es cierto que la contracautela debe ser en principio de carácter real o personal, no lo es menos que la aplicación de una caución juratoria resulta procedente en supuestos, como el de la presente causa, en los cuales la verosimilitud del derecho reviste tal entidad que la aplicación de otro tipo de contracautela resultaría, a todas luces, excesiva. VI. Por todo ello RESUELVO: Hacer lugar a la medida cautelar impetrada por la actora. En consecuencia, se ordena al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Secretaría de Desarrollo Social- adopte las medidas que estime necesarias con el fin de garantizar, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo debatida en autos, el alojamiento de la actora y de su grupo familiar (señora Ubaldina del Pilar Vásquez Arenas, y sus hijos menores César Augusto Ausa Vásquez, César Gabriel Ausa Vásquez, César Arturo Ausa Vásquez y Brisa Yazmín Vásquez Arenas). En consecuencia, para hacer efectivo lo dispuesto, la demandada deberá continuar abonando el subsidio habitacional previsto en el Decreto 895/02, hasta tanto la familia pueda formular una propuesta concreta en los términos del art. 10 de dicho Decreto, para superar la emergencia habitacional que padece. En lo inmediato la demandada deberá abonar a la actora en el plazo de 24 horas de notificada la presente la suma mínima de $ 200 que deberá hacerse efectivo en el domicilio del Programa, sito en Entre Ríos 1492, debiendo en el plazo de dos días subsiguientes acreditar la demandada el cumplimiento de la medida. Por otra parte, deberá incorporar a la actora al Programa “Nuestras Familias” (Ordenanza 43.821), u otro que permita a la actora paliar las necesidades descriptas en el escrito de inicio, debiendo acreditar en el plazo perentorio de diez días haber dado cumplimiento a la manda. Finalmente, la Secretaría de Desarrollo Social deberá evaluar el grupo familiar actor cada diez días hábiles, colaborando en la búsqueda de soluciones alternativas de superación de la crisis familiar, debiendo remitir un informe mensual al Juzgado, suscripto por una trabajadora social. Previo a ello deberá la actora prestar caución juratoria ante la Actuaria. Cumplida que sea la caución juratoria, líbrese cédula a la demandada con carácter urgente. Regístrese y notifíquese a la actora y al Señor Asesor Tutelar en su público despacho. OSVALDO O. OTHEGUY JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO
 

 

 

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