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Informe sobre el barrio Costanera Sur - Rodrigo Bueno
por Lisl Brunner, pasante
Junio/Julio 2006


Este es un análisis del trabajo de campo desarrollado por el equipo de voluntarios que conforman el Consultorio Jurídico Gratuito en Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la APDH, que funciona en el Barrio Costanera Sur-Rodrigo Bueno. 
Los datos representan 139 de unas 500 familias (aproximadamente 2.000 personas) que habitan este asentamiento de tres hectáreas a orillas del Río de la Plata. Aunque la mayoría de las consultas cotidianas tienen como objetivo la inclusión en programas de asistencia alimentaria, el Barrio es parte de un asunto más grande: es eje de una causa de amparo, patrocinada por la APDH, que exige condiciones de una vivienda digna al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Según un artículo reciente publicado en La Nación (9 de julio 2006), hasta 150.000 porteños viven en asentamientos como Rodrigo Bueno, y en los últimos cinco años este número ha crecido un 30%. El jefe del gobierno porteño, Jorge Telerman, confirma que hay 20 “villas miserias” reconocidas por el gobierno y que todas se acogen a los beneficios de diferentes planes sociales y programas de urbanización. Rodrigo Bueno no es una de ellas. 

Sus pobladores empezaron a llegar al asentamiento hace más de 20 años, derivados allí por la entonces Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Buenos Aires; cuando los terrenos quedaron vacíos luego de frustrarse un proyecto urbanístico en la zona. Eran cartoneros, changarines y obreros. Construyeron sus casas de material. 
Poco después, la zona se declaró Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica, y en 1997, la empresa IRSA compró una parte del terreno para llevar a cabo un proyecto de desarrollo que supondrá la construcción de un barrio cerrado con oficinas, viviendas, supermercados y hoteles. Mientras tanto, el Gobierno de Buenos Aires busca el desalojamiento de la villa, ofreciendo un subsidio a los vecinos para que abandonen el lugar. 
Se construyó una muralla de tierra y escombros de 15 metros de altura, que según una vecina, “está cerrando físicamente los límites de la villa a los fines de convertirla en un ghetto,” tanto como produciendo enfermedades en garganta, ojos y fosas nasales en los habitantes. Finalmente, tanto fuerzas de seguridad patrullando el barrio como agentes del gobierno que avisan a los vecinos que se realizará el desalojo dentro de poco tiempo parece delatar una campaña de intimación por parte del gobierno porteño.

En octubre de 2005, 175 familias aceptaron los subsidios – $7.000 por persona o $20.000 por familia – y sus casas fueron demolidas. A pesar de que estas demoliciones generaron montones de escombros y dejaron al descubierto los pozos ciegos, el gobierno ni retiró los escombros ni cubrió los pozos, y con las precipitaciones, estos se desbordan, diseminando su contenido por los pasillos del Barrio. 
Un mes luego de pagar el subsidio a las familias, el gobierno suspendió la limpieza de los pozos ciegos y la recolección de residuos, pese a existir una orden judicial que ordenaba esto. Asimismo, ha discontinuado intempestivamente la prestación de energía eléctrica, provocando altas y bajas de tensión que causan daño de bombillas de luz, bombas eléctricas de agua y artefactos eléctricos como heladeras y microondas. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha establecido reiteradamente que el desalojo forzoso constituye una violación de varios derechos humanos protegidos en tratados como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Comité de DESC ha afirmado que “los casos de desalojos forzados son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sólo pueden justificarse en las circunstancias más excepcionales y de conformidad con los principios del derecho internacional”. Asimismo, el artículo 31 de la Carta Magna de la Ciudad “promueve... la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva...”.

Por todo esto, una acción de amparo de parte de los vecinos ruega que se investiguen las condiciones de habitabilidad en la villa con el fin de urbanizarla, poniendo fin a los riesgos de salud que presentan los pozos ciegos sin vaciar, la acumulación de tierra y escombros, y la reticencia de recoger residuos por parte del gobierno. 
Asimismo los voluntarios de la APDH que trabajan en el consultorio, quienes fueron amenazados, han realizado formal denuncia penal por los delitos de coacción, amenazas y malversación de fondos públicos, los que están en etapa de investigación.
La acción de amparo, firmado por 82 de los vecinos, impugna las intimaciones por parte del gobierno porteño que parece tener como objetivo obligarles para que desalojen el terreno. 
El 5 de septiembre de 2005, la doctora Elena Liberatori de Haramburu dictó una medida cautelar que ordenó al gobierno porteño a asegurar la limpieza de las calles, la recolección de residuos, y la provisión de agua potable y luz eléctrica a los pobladores, mientras se resuelve la cuestión de fondo, es decir, el pedido de urbanización del Barrio conforme la normativa específica de la ciudad. 
Mientras tanto, siguen los que buscan acceder al ejercicio de sus derechos fundamentales, reclamando por ellos.  

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