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Equilibrando la balanza de la justicia social Argentina.
Por Flavia Fascendini
15 de Diciembre de 2006


La distribución de la riqueza en la Argentina fue desde el inicio una de las principales banderas del actual gobierno nacional. Al respecto, Carlos Crucella, docente de la Facultad de Ciencia Política y miembro del Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Rosario, sostiene que "a pesar de su reiteración en el discurso oficialista y del patético intento de cuestionar su continuidad en el mediano plazo por parte de la oposición, el hecho indiscutible es que la economía argentina lleva tres años y medio de crecimiento ininterrumpido a una tasa acumulativa anual cercana al 9 por ciento".

Y en este sentido, Crucella aporta un dato que no resulta menor: "entre la primera mitad de 2006 e igual período del año 2003 el Producto Bruto Interno acumuló un incremento del 29,1 por ciento, superando en un 11,3 por ciento al valor correspondiente a 1998, el más elevado del siglo XX". Este crecimiento, según el investigador, lejos de destruir puestos de trabajo preexistentes -como aconteció durante la vigencia del Plan de Convertibilidad- contribuyó a la creación de algo más de un millón cuatrocientos mil oportunidades laborales en ese lapso, que dan cuenta del impacto del nuevo modelo en gestación sobre la situación ocupacional del país. 

"La combinación de mayor empleo y salarios reales más elevados se tradujo en una recuperación de la participación del trabajo en la riqueza generada, que si bien se halla aún muy lejos de una distribución equitativa del ingreso, constituye una señal auspiciosa del efecto de la política económica seguida por el gobierno. Esos efectos, unidos a la política social, permitió que el porcentaje de personas en condiciones de pobreza se redujera en un tercio durante los últimos tres años, cayendo del 46,5 a un (todavía escandaloso) 31,4 por ciento de la población", agrega Crucella.

El investigador subraya que para que lo logrado se consolide y que lo que falta se lleve a cabo "dependerá -como siempre pero ahora más que nunca- de la capacidad de la sociedad civil para introducir en la agenda política del oficialismo y la oposición los temas pendientes para que el régimen democrático comience de una vez por todas a saldar la deuda social que nos legó la dictadura".

Si hablamos de un balance económico del 2006, no podemos dejar de lado la propuesta social y solidaria impulsada por cientos de espacios en todo el país. Al respecto, Luis Martínez, presidente del Centro de Comercio Solidario de Obra Kolping Argentina, sostiene que para evaluar este tema "tenemos que pensar cómo van evolucionando los actores en cuanto a mejoras en lo productivo, lo comercial, lo financiero, en definitiva los logros más microeconómicos. Y por otro lado, de qué manera se van fortaleciendo “procesos de mayor complejidad e institucionalidad de la economía solidaria en su conjunto". 

En cuanto a lo primero, Martínez subraya que lo destacable del año reposa en el afianzamiento de las empresas recuperadas como unidades económicas con peso en la economía. "No dejan de aparecer nuevos casos emblemáticos y, en este sentido, el movimiento de recuperación de empresas ya tiene ganado un lugar en la aceptación y apoyo de la ciudadanía", afirma. Pero agrega que "como desafío tal vez queda un mayor desarrollo de redes de complementación entre las empresas del movimiento, tanto en lo productivo como lo comercial, y con el resto de la economía solidaria".

En cuanto a los emprendimientos urbanos, una encuesta realizada por la Universidad de General Sarmiento encargada por el Ministerio de Desarrollo Social revela que si bien los ingresos generados por los emprendimientos son insuficientes para lograr un nivel de vida digno (sólo un tercio logra superar la línea de la pobreza), la mayoría considera a estos emprendimientos un trabajo genuino donde se ha logrado un aumento de la autoestima, del conocimiento y de la vinculación con otros. "Esto abre un panorama favorable para su desarrollo pero inevitablemente se deben profundizar las inversiones, las mejoras tecnológicas y la comercialización, cosa que desde el plano oficial se encuentran bastante lejos de concretarse", aporta el presidente del Centro de Comercio Solidario. 

Varios encuentros de actores de la economía solidaria desarrollados durante el año concluyeron en la urgente necesidad de un nuevo marco legal de promoción de esta economía ya que "lo realizado hasta el momento, como por ejemplo el caso del monotributo social, son medidas escasas y poco efectivas para el desarrollo de cooperativas y emprendimientos sociales, al igual que los proyectos en torno a la reglamentación del microcrédito en la Argentina", manifiesta el representante de Obra Kolping.

"La situación del campesinado y la agricultura familiar ha visto el agravamiento de la situación de tenencia y propiedad de la tierra", agrega Martínez. "Por un lado, se han multiplicado los conflictos en Santiago del Estero, Formosa y Salta, donde los campesinos son corridos de sus históricos lugares de pertenencia con el fin del desmonte para sumar al complejo sojero que recorre de norte a sur el país. Por otro lado está la impresionante concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra", añade.

Como balance desde la economía solidaria, Martínez concluye que el 2006 "deja como deuda la consolidación de espacios más articulados que reúnan tanto a empresas recuperadas, organizaciones de trabajadores, universidades, organizaciones de promoción, del campesinado, en torno a la incidencia de políticas públicas que mejoren la calidad institucional de la economía social y a la vez se integren en redes productivas y comerciales más complejas que doten de autonomía a todos estos emprendimientos".


Mujeres en movimiento

El desarrollo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en su segundo año y la realización del Encuentro Nacional de Mujeres en San Salvador de Jujuy, fueron dos importantes demostraciones en el 2006 de un movimiento de mujeres nacional maduro y articulado.

La ratificación por parte del Congreso Nacional del Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) en el mes de noviembre, representó otro enorme logro para el movimiento de mujeres, ya que con la adopción de este marco normativo se adquirieron nuevas herramientas para salvaguardar los derechos de las mujeres cuando se hayan agotado las instancias judiciales nacionales. Pero una gran falencia del Gobierno hasta el momento pasa por su debilidad en la difusión de lo que establece la firma de cada tratado internacional. 

Según varias referentes, si bien se han realizado avances destacables en la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer, las leyes todavía son parciales, no tienen perspectivas de género, faltan medidas sociales de contención para la víctima y planes nacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

Otro triunfo del movimiento de mujeres fue la anulación de parte de la Corte Suprema de Justicia del fallo que negaba la excarcelación a la joven jujeña Romina Tejerina, quien había sido condenada en 2005 a la pena de 14 años de prisión por el crimen de su beba recién nacida fruto de una violación. Ahora se aguarda la llegada del expediente a Jujuy para plantear la excarcelación de Tejerina y se estima que próximamente podría recuperar su libertad.

Pero un tema extremadamente alarmante es la trata de mujeres. Un reciente informe de la Organización Internacional de Migraciones advierte sobre un significativo incremento de la trata de mujeres y considera que, en materia de políticas públicas en la lucha contra este delito, la Argentina se encuentra rezagada. El primer lugar lo ocupa la trata con fines de explotación sexual.

Recientemente el Senado dio luz verde a un proyecto de Ley que reprime la trata de personas, convirtiéndola en delito federal. Pero la Red No a la Trata, compuesta por organizaciones especialistas en el tema, rechaza esta iniciativa por considerar que los lineamientos de la propuesta “sirven para favorecer a los delincuentes”. Critican que se establece como requisito para tipificar el delito y sancionar a los delincuentes “que estos hayan actuado cuando la víctima fuere mayor de 18 años, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o a cualquier otra forma de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de una situación de vulnerabilidad, etc. o sea que se haya viciado el consentimiento de la víctima. Se obligaría así a la víctima y/o a los organismos del estado a probar que la misma víctima no consintió su propia esclavitud”, cuando cualquier definición de trata “debe decir claramente que el delito se configura aunque la víctima haya prestado su consentimiento y cualquiera sea su edad”, manifiestan.


En el medio, el ambiente

En materia medioambiental, la gran problemática del 2006 fue el conflicto entre Argentina y Uruguay debido a la instalación de dos plantas pasteras de celulosa a orillas del Río Uruguay, propiedad de las firmas multinacionales Ence (española) y Botnia (finlandesa). La Asamblea de Vecinos de Gualeguaychú, en la provincia argentina de Entre Ríos, sin lugar a dudas fue el actor social más destacado en el marco de este conflicto que adquirió relevancia internacional, protagonista de múltiples cortes en los caminos que unen a los países vecinos. La Corte de La Haya y el Tribunal Arbitral Permanente del MERCOSUR dieron la razón al gobierno uruguayo -ante las demandas elevadas por el gobierno argentino- aportando de esa forma a un acalorado choque de intereses que fue complejizándose con el transcurso del año.


Mil veces venceremos

Acerca de la lucha que llevan adelante los pueblos originarios por el reconocimiento de sus derechos ancestrales, el 2006 deparó varios avances y algunos pasos atrás. Uno de ellos fue la abstención de Argentina en la votación de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas en julio de este año. Finalmente aprobada con 30 votos, los representantes argentinos argumentaron en su favor la falta de elementos para equiparar el derecho de autodeterminación de los pueblos y el principio de unidad nacional, lo que despertó el rechazo de todas las organizaciones indígenas.

A pesar del revés anterior, la comunidad Qom, de la provincia del Chaco, demostró su fortaleza al llevar adelante una huelga de hambre por 32 días frente a la Casa de Gobierno de dicha provincia, en reclamo del cumplimiento de un petitorio con 9 puntos que habían presentado en nombre de las comunidades indígenas del Chaco. Lograron un acuerdo con el gobierno provincial, en el que este último se comprometió, entre otros puntos, a continuar con el relevamiento topográfico y poblacional de las tierras reconocidas a las comunidades indígenas del Chaco por el Decreto N° 480/91 y a agilizar los expedientes relacionados con la devolución de tierras que se encuentren demoradas en el Instituto de Colonización. 

Otro paso adelante lo dieron los aborígenes de la provincia de Neuquén primero y de Tucumán después, al lograr que se incorporara en sus respectivas Constituciones Provinciales un artículo en el que se reconoce la preexistencia étnica y el derecho a la identidad de los pueblos indígenas. Además, en Neuquén se inauguró en julio de este año el Melí Folil Kupan, un Registro Civil Mapuche, que hizo realidad el derecho de niñas y niños mapuches de ser inscriptos con los nombres propios de su cultura.


Derechos humanos: dos caras de la misma moneda

En lo que hace a derechos humanos, el 2006 fue un año agitado, tanto para la lucha por la justicia y la memoria, como para el desenmascaramiento de resabios de la represión. Norma Ríos, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Rosario, subraya que sin lugar a dudas los dos hechos más importantes ocurridos en el año en materia de derechos humanos resultan ser dos caras de una misma moneda: "la condena a (Miguel) Etchecolatz a prisión perpetua, a cumplir en una cárcel común, por crímenes en el marco de un genocidio perpetrado por el terrorismo de Estado y la desaparición de Jorge Julio López, a no dudarlo por mano de un plan pergreñado por los represores y sus cómplices".

La presidenta de la APDH Rosario destaca que durante el 2006 se ratificó, por primera vez a través de un fallo judicial, la verdad que organismos de derechos humanos y organizaciones populares denunciaron a través de todos estos años: la perpetración de un genocidio en la Argentina durante la última dictadura militar. 

"Los represores, aunque débiles y en retirada, son capaces de asestar un golpe rotundo al gobierno constitucional, desnudando su doble discurso", advierte Ríos. Pero enfatiza que "las organizaciones de derechos humanos y grandes sectores populares, pese al terrible dolor y la ineludible aparición de fantasmas que nos rondan, reafirmamos el compromiso de continuar sin miedos hasta que el último genocida haya recibido su castigo y el último niño apropiado haya sido restituído".

¿Y cuál sería el lugar que ocupa el gobierno en esto? "En el medio, un gobierno que sostiene un discurso de defensa de los derechos humanos, pero no puede o no quiere estar a la altura de las necesidades y circunstancias, permaneciendo indiferente no sólo al hambre, la desocupación, la falta de trabajo digno, salud, educación y vivienda, sino frente a la desaparición de un militante ex detenido-desaparecido, testigo y querellante del juicio más importante llevado adelante hasta la fecha contra los criminales de lesa humanidad", critica Ríos.


Educar la educación

En lo que hace a educación, sin dudas que lo más destacado de este año fue la decisión del Congreso Nacional de poner punto final a la vigencia de la denominada Ley Federal de Educación, operante desde 1993. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología dio un paso adelante al proponer que esta ley sea discutida y reformulada pero la metodología y los plazos planteados dejaron bastante que desear entre los sectores convocados y no propiciaron debates considerados centrales. Entre otras críticas, varias entidades sociales y gremiales destacaron la repetición textual de tramos enteros de la vieja ley en el nuevo documento y cuestionaron la pretensión del gobierno de resolver en cinco meses de debate un nuevo proyecto que pretendía construir sobre la base de trece años de destrucción de la escuela pública. 

Otra medida adoptada este año fue el aumento del presupuesto educativo para 2007, en un 31 por ciento más que el presupuesto destinado a la cartera educativa durante el 2006.

Una enorme deuda que tampoco se saldó en el 2006 y que se vincula a la materia educacional pero la supera ampliamente, es la ausencia de una ley de Radiodifusión para la Democracia. Aún sigue vigente la ley 22.285, sancionada durante la última dictadura militar. Que en la nueva ley de educación no haya puntos que contemplen ampliamente la problemática de los medios de comunicación y su papel estratégico en la construcción de sociedades más justas y democráticas, no se debe a un descuido, responde a intereses sectoriales que promueven la mercantilización de la información.


Fronteras en movimiento

En cuanto a la temática migratoria, ocurrieron varios hechos clave. El plan de normalización documentaria Patria Grande que facilitaría la regularización de los inmigrantes del MERCOSUR fue anunciado por el gobierno a fines del 2005 -sin fecha precisa en ese entonces para su implementación- y puesto en marcha a principios del 2006, luego de la muerte de dos trabajadoras de origen boliviano y cuatro niños en un taller clandestino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este plan consta de dos etapas (la segunda a implementarse en 2007) y está descentralizado en instituciones sociales colaboradoras.

Las conclusiones elaboradas en noviembre por la Mesa “Inmigrantes y Violencia Institucional” del Foro Argentina No Violenta coordinado por Maria Eugenia González, presidenta del Frente de Acción Humanista por los Inmigrantes (FaHpI), trabajó en torno a varios interrogantes globales: ¿Cuál es la situación actual de los inmigrantes en la Argentina? ¿En qué los ha favorecido concretamente la nueva ley 25.871 -sancionada en 2004- en materia de acceso a sus derechos? ¿Cómo ha funcionado hasta ahora el Plan Patria Grande? ¿En qué medida ha sido efectivo a sus fines?

La Mesa coincide en que el Plan Patria Grande permite realizar los trámites para la regularización con menos requisitos y ofrece más lugares donde hacerlos. "En cuanto a los aspectos negativos, la causa principal de los mismos es la desinformación, la falta de control y coordinación entre las autoridades ejecutoras del plan, las partes directamente involucradas y la sociedad en su conjunto", señalan. 

La Mesa destaca además que, en el caso de la educación, el Estado no contempla la capacitación de los docentes para abordar la diversidad cultural existente en la Argentina. "En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cerca del 7 por ciento de los alumnos nació en otro país y, si a este dato le sumamos los niños nacidos en este territorio e hijos de inmigrantes, la capacitación de los docentes en materia de diversidad cultural y no discriminación no resulta ser un tema menor", manifiestan. A partir de este diagnóstico, el trabajo para el 2007 pasará, según González, "por atacar el tema de la discriminación en las escuelas, además seguir de cerca la segunda etapa de Patria Grande".

Otro punto destacado en materia migratoria durante el 2006 fue la sanción de la Ley de Reconocimiento y Protección al Refugiado, que enmarca legalmente a tres mil refugiados provenientes de todos los continentes, de las cuáles la gran mayoría reside en la Capital Federal. Esta medida inspiró al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a distinguir a la mencionada localidad como la primera "Ciudad Solidaria" de América Latina.

Natividad Obeso, refugiada peruana y presidenta de la Asociación Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina, relata que la prioridad de las organizaciones dedicadas al tema era contar con una ley que contemplara a los refugiados y refugiadas. "Argentina no tenía ninguna ley de refugiados, porque a pesar de que ratificó la Convención del 51 y sus protocolos, los refugiados no estábamos incluídos. Los refugiados y refugiadas estábamos invisibilizados. Creo que esta ley va a cambiar esta situación. Los refugiados no podíamos ni estudiar, ningún centro educativo nos abría las puertas. Ahora nos sentimos identificados con esta ley", expresa Obeso.


 

 

 

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