Escrache a Rubén Lofiego, excarcelado por
la Cámara de Casación Publicado en Indymedia Rosario - 2 de junio de
2010
El Espacio Juicio y Castigo Rosario junto a
a organizaciones sociales, sindicales, políticas, culturales,
estudiantiles realizaron un escrache el viernes 28 de mayo a las 18,
como forma de repudio a la liberación de los represores Rubén
Lofiego, Mario Marcote y Ramón Vergara, imputados en la causa Díaz
Bessone (ex Feced) por cometer delitos de Lesa Humanidad durante la
última dictadura militar.
La persistente llovizna no afectó a la importante columna de
manifestantes que se movilizaron hasta Mendoza 1480. Allí, en en el
departamento 1 del octavo piso de ese edificio se encuentra el
domicilio del represor Lofiego. Sobre el frente, se proyectó a gran
tamaño una flecha y la palabra “Genocida”.
La liberación de los represores fue otorgada por la Sala II de la
Cámara Nacional de Casación Penal. Desde el Espacio Juicio y Castigo
de Rosario lo consideraron un “despropósito desde todo punto de
vista, tanto político como jurídico”. Y lo fundamentan aseverando
que la Cámara de Casación otorga este “beneficio” a los
torturadores, juzgados por delitos de Lesa Humanidad, como si fueran
“delincuentes comunes”. “Esta resolución, tomada a menos de un mes
que fueran condenados a prisión perpetua y cárcel común cinco
genocidas en la causa Guerrieri, y a menos de dos meses del inicio
de este nuevo juicio, constituye una provocación por parte de
miembros de la corporación judicial”.
Matilde Gatti, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de
Rosario, planteó que “el mismo argumento es ridículo, porque dicen
que por el paso del tiempo que ya están en la cárcel, sería como un
derecho que tendrían los genocidas a esperar el juicio en libertad”.
Esta definición es tomada por “los mismos que causaron que el tiempo
pase, por lo que tardan en resolver”.
“Es totalmente sin sentido” continúa Matilde, “no pueden hacerse los
tontos y alegar que por esto, que es por lo que ellos son
responsables, se los deja libres”.
De esta manera, los organismos de derechos humanos decidieron retomar
la modalidad del escrache, empezando con quien había sido el
destinatario del primero realizado en nuestra ciudad en junio de
1998: Rubén Lofiego. “Como siempre decimos en estos casos, que
cuando no hay justicia hay escrache, creímos que era un hecho
paradigmático como para salir otra vez a la calle, a pesar de que
hoy están los juicios en marcha” afirmó la activista.
Hablando de aquella jornada de hace doce años atrás comienza Paula
Luna, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones
políticas de Rosario. “Me estaba acordando cuando hicimos el primer
escrache y fue a Lofiego. Y la verdad que me da así como una
nostalgia y a la vez muchísima bronca, porque estuvieron cuatro años
detenidos sin la posibilidad de juicio. No esperábamos que el Juicio
Guerrieri-Amelong se atrasara tanto como para estos tipos realmente
pudieran pagar la fianza y quedar en libertad”.
En la megacausa Díaz Bessone (ex Feced), está el caso de Daniel
Gorosito, el padre de Paula, que planteó su impotencia ante la
perspectiva de que cuando empiece el juicio, “vamos a estar todos
ahí, vamos a estar declarando, ellos nos van a estar escuchando pero
van a poder volver a su casa. Entonces, nos da mucha más bronca por
esta impunidad y pensar en el miedo que pueden sentir los testigos”.
“Nosotros estamos reclamando que mientras esté el juicio, estén en la
cárcel. Pero hay que seguir, vamos a seguir en la calle, este
escrache no es el último. Que se quede tranquilo Lofiego que lo
vamos a seguir visitando mientras dure esta causa” concluyó.
.
Documento del Espacio Juicio y
Castigo de Rosario Escrache a Lofiego, Marcote y Vergara
Por un bicentenario con los genocidas presos
Los organismos de derechos humanos,
querellantes y testigos de los juicios contra los genocidas,
organizaciones sociales, sindicales, políticas, culturales,
estudiantiles y miles de ciudadanos queremos convocar a todos los
rosarinos al escrache que organizamos para el próximo viernes 28 de
mayo a las 18, como forma de repudio a la liberación de Rubén
Lofiego, Mario Marcote y Ramón Vergara, imputados en la causa Díaz
Bessone (ex Feced) por cometer delitos de Lesa Humanidad durante la
última dictadura militar. Cabe recordar que se los acusa de
privación ilegal de la libertad con violencia, amenazas, tormentos,
homicidio calificado y asociación ilícita calificada a decenas de
detenidos y detenidos desaparecidos.
Dicha liberación, otorgada por la Sala II de la Cámara Nacional de
Casación Penal es a nuestro entender un despropósito desde todo
punto de vista, tanto político como jurídico y no hace otra cosa que
abonar el largo camino de impunidad de décadas consagrados con el
Punto Final, la Obediencia Debida y los indultos desde los poderes
constituidos y avalados en distintas instancias, entre ellas la de
la corporación judicial.
Despropósito judicial porque la Cámara de Casación otorga este
“beneficio” a los torturadores, juzgados por delitos de Lesa
Humanidad, como si fueran “delincuentes comunes”. Y porque esta es
una de las causas más importantes que se juzgará en Rosario, donde
se ventilará el accionar de la patota de Feced, que operó en el
centro clandestino de detención más grande de la provincia de Santa
Fe ‒uno de los más terribles de los dependientes del Segundo cuerpo
de Ejercito‒. A la vez, la resolución de Casasión tiene el
contrasentido de que salvo Díaz Bessone (detenido domiciliariamente)
deja a la causa Feced sin detenidos, aunque sí con muchos prófugos.
Esta resolución, tomada a menos de un mes que fueran condenados a
prisión perpetua y cárcel común cinco genocidas en la causa
Guerrieri, y a menos de dos meses del inicio de este nuevo juicio,
constituye una provocación por parte de miembros de la corporación
judicial.
Más aun: que el argumento sea que los genocidas tienen este derecho
por el tiempo que llevan detenidos sin que se realice el juicio, es
un verdadera hipocresía: no es la sociedad, ni las víctimas, ni los
querellantes y testigos responsables de esta situación, sino el
propio poder judicial que ha permitido, avalado y propiciado que
estos juicios se dilaten y no se hayan llevado adelante todavía.
¡Venimos reclamando que estos genocidas fueran juzgados desde hace
décadas! Y hoy con esta resolución los beneficiarios son ellos.
Después de muchos años de que familiares, testigos y querellantes
sufrieran amenazas, de que Julio López se convirtiera en el
desaparecido 30.001 por ser testigo, después del asesinato a manos
de sicarios de Silvia Suppo: liberar a estos genocidas es un
decisión que no sólo permite su posible fuga, sino que es un acto de
intimidación concreta hacia los testigos y querellantes, permitiendo
a estos mercaderes de la muerte operar “libremente”, a contrapelo de
lo que venimos exigiendo a los distintos estamentos estatales, que
era la investigación en cada intimidación del entorno de los mismos.
La liberación de los imputados genera una sensación de mayor riesgo a
los testigos y querellantes que deberán declarar en el proceso, ya
que están expuestos a encontrarse en las calles con los denunciados
o a ser intimidados por los represores contra quienes, desde el
próximo 21 de julio, deberán atestiguar.
En este marco, dejando en claro que obviamente no son responsables de
este fallo, no podemos de dejar de señalar la actitud del gobierno
provincial que en conocimiento de este hecho ( los genocidas estaban
detenidos en la alcaldía que depende la policía provincial) no haya
establecido lo mecanismos para informar y movilizar a las
organizaciones de derechos humanos y sociales, a testigos y
querellantes (incluso a los que están en el programa de protección a
testigos). Este hecho, como mínimo, es una actitud irresponsable
frente a esta grave situación.
Desde el espacio Juicio y Castigo estamos dispuestos a pelear contra
esta resolución, de la misma manera que lo hemos hecho durante
décadas. Una resolución judicial, por mas aberrante que sea, no nos
detendrá en la lucha por el juicio, castigo, cárcel perpetua y común
para todos los genocidas. Y no nos detendrá en realizar todas las
acciones públicas, marchas, actos, movilizaciones que impulsen este
objetivo. Porque la memoria sigue y seguirá viva.
Por esto, nos dirigimos en primer lugar los trabajadores, a los
estudiantes, intelectuales y a todo el pueblo para repudiar esta
liberación, convocándolos a sumarse efectivamente a la lucha por el
juicio y castigo y al escrache que realizaremos el viernes 28, que
partirá de plaza Pringles a las 18 hacia la casa de uno de los
máximos torturadores de la ciudad, José Rubén Lofiego. En el marco
de esta fecha de reflexión a cerca de los doscientos años de la
nación argentina, desde el espacio juicio y castigo afirmamos que
queremos un bicentenario con todos los genocidas presos.
A cada una de las instituciones, a los poderes ejecutivos nacional y
provinciales, a los parlamentos provinciales y nacionales, a los
concejos deliberantes, a cada uno de los distintos estamentos a
invitamos a repudiar esta liberación de los represores. Y en
especial a la Corte Suprema de la Nación, en cuyas manos esta la
decisión política y jurídica de revertir estas injustas libertades a
los genocidas.
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