Estatus Consultivo Especial ante el ECOSOC de la ONU
Organización acreditada en el registro de OSC de la OEA


E-mail:
apdh@apdh-argentina.org.ar
Tel: (05411) 4372-8594 / 4373-0397, Fax: (05411) 4814-3714
Av. Callao 569, 3er Cuerpo, 1er Piso - (1022) Buenos Aires, Argentina
 

   
English
      

Documentos

        apdh@apdh-argentina.org.ar
             
 
   
 

Los Derechos Humanos en la Argentina de hoy


En la reunión anterior de este Consejo declarábamos que la APDH “reafirma y profundiza su compromiso con la plena vigencia de los derechos humanos”. Y añadíamos: “Celebramos sin reservas la continuidad de la institucionalidad democrática...pero, a la vez, reconocemos que esa plena vigencia de los derechos humanos está aún lejos de ser una realidad en la vida cotidiana y en la propia institucionalidad de la nación”. Hoy esta afirmación parece demasiado débil. Los acontecimientos recientes, que vienen produciéndose sin intermitencias [1] en nuestra sociedad, sea cual fuere la interpretación que de ellos hagamos, denuncian una problemática social y política que viene agravándose y toma caracteres verdaderamente alarmantes. Es ahora evidente que un programa político que parece haber elegido postergar, ‘poner en el freezer’ o al menos subordinar la problemática social hasta superar la crisis económica es totalmente inviable y, en realidad, nos precipita en una conflictividad que puede resultar fatal. Al mismo tiempo, debemos señalar que, en la sociedad civil, diversos grupos y asociaciones espontáneas, ONGs de diversos órdenes y aún iniciativas personales realizan significativos esfuerzos —a menudo muy poco reconocidos— para ofrecer señales de esperanza.

La APDH trata de establecer sus prioridades, dentro del conjunto de organizaciones hermanas de derechos humanos y del panorama mayor de nuestra sociedad. Hoy quisiéramos proponer tres ámbitos, en los que la APDH está comprometida, y en los que creemos que debe ampliar y profundizar su labor.

El primero tiene que ver con lo que llamaríamos “la recomposición del pasado”, referido más precisamente al periodo de la dictadura militar—que, no podemos desconocerlo, está ligado a problemas de larga data en nuestra historia nacional. Los juicios a los responsables de la violación de derechos humanos del gobierno militar que siguen instruyéndose en Europa, y los que se ventilan en nuestro país pese a las leyes de punto final, obediencia debida e indultos, juicios en los cuales la APDH está participando junto a otras entidades hermanas, la búsqueda incesante de las abuelas, el mantenimiento de la memoria en la tarea educativa, en la que colaboramos con CETERA y las diversas exhibiciones del itinerante “Nunca Más” que, con materia fotográfica y afiches históricos provistos por la APDH han recorrido varias provincias y hoy se exhibe en la Biblioteca Nacional, son instrumentos valiosos de esa “recomposición del pasado”.

Pero la identificación, juicio y castigo de los culpables directos de la tiranía, que es necesaria e impostergable, no es suficiente si no va acompañada por una toma de conciencia de toda la sociedad. La complicidad explícita, el aprovechamiento de las ventajas accesibles o la fingida ignorancia e indiferencia de sectores del mundo religioso, de las fuerzas armadas, de actores políticos, económicos y sindicales no puede ser ignorada. No basta una vacilante frase de arrepentimiento. Es necesario que los distintos sectores de la sociedad hagan un profundo examen de conciencia, no sólo de su actuación sino de los modos de proceder, la vigencia de la justicia y de los derechos humanos en su propia área de acción y los criterios éticos con los que manejan sus diversos ámbitos de acción. Porque desde esas instancias se construye el funcionamiento de la sociedad.

Las crisis provocadas por gobiernos totalitarios y las de la situación económica y social de nuestro país tienen, además, dimensiones internacionales. Por eso apoyamos los juicios que se llevan a cabo en Francia, España, Suecia e Italia y otros que pudieran iniciarse. Pero creemos que es necesario y urgente la creación, en el ámbito de las Nacional Unidas, de un tribunal internacional, con las necesarias garantías de imparcialidad e independencia para juzgar los crímenes de lesa humanidad. En su relación con las NU y con el tribunal interamericano, la APDH ha expresado nuestro apoyo a este tipo de iniciativas contra la impunidad.

En segundo lugar, la APDH considera que igual si no mayor peso debe darse a lo que es hoy, en nuestro país y en diversa medida en buena parte del mundo, la violación masiva y constante de los derechos económicos y sociales, porque, sin ellos, los derechos personales y políticos pueden transformarse en una cortina que esconde la verdadera situación de la gente o más aún, en una parodia de una paz y justicia que en verdad son negadas. Nuestro país ha dado status constitucional a los diversos pactos, tratados y convenios internacionales que protegen derechos políticos y sociales. Las diversas comisiones de la APDH, particularmente las que tienen que ver con relaciones internacionales y temas jurídicos están activas en estos temas—como lo señala la memoria que obra en su poder. Hay, sin embargo, en este tema, dos problemas a los que las organizaciones de derechos humanos deben abocarse. Uno tiene que ver con la creación de legislación específica y de reglamentación que dé la posibilidad cierta de exigir judicialmente la vigencia de esos derechos. De lo contrario, nuestra adhesión a estos acuerdos tiene un carácter declamatorio y resulta una burla a las personas—mujeres, niños, ancianos—supuestamente protegidos por la Constitución. Por supuesto, a la raíz de este tema está el problema no resuelto de qué responsabilidad tiene el estado en asegurar el cumplimiento de estos derechos. La aceptación desmedida e irresponsable de supuestas ‘leyes del mercado’ a las que se le otorga un carácter de infalibilidad y omnipotencia, reduce al estado a un mero observador cuando no garante de las decisiones de los actores económicos nacionales o internacionales y de adaptar a ellas sus decisiones y políticas. No ignoramos las presiones a las que un gobierno—particularmente en nuestros países dependientes—se ve sometido y las sanciones con la que es amenazado. Aún así, sin embargo, políticas internas más acordes con las necesidades de la gente podrían darle un apoyo que le permitiría mayor capacidad de negociación con los factores de presión.

Tal vez el tema que resume y determina buena parte de la problemática social de nuestro país es el del desempleo. No es necesario citar porcentajes y condiciones que todos conocemos muy bien. Tal vez el tema que resume y determina buena parte de la problemática social de nuestro país es el desempleo. No es necesario citar porcentajes y condiciones que todos conocemos muy bien. Buena parte de los conflictos que vienen estallando se alimentan precisamente de esta situación.. No es necesario subrayar que la APDH, como siempre lo ha hecho, afirma la legitimidad de los damnificados que reclaman activamente sus derechos. Por eso ha participado en numerosas marchas y protestas. Con igual vigor ha insistido en que toda protesta se realice dentro del orden democrático y renunciando al uso de la violencia. Pero no podemos desconocer que, en algunos de los episodios más recientes, el estado no ha sabido prevenir situaciones que iban visiblemente haciéndose intolerables, ha estado gravemente ausente o se ha hecho presente muy tardíamente. Responsabilizar por ello a agentes externos o grupos subversivos es una peligrosísima simplificación. Todo uso de la fuerza pública es un último recurso, que debe estar precedido por un serio esfuerzo por alcanzar soluciones y acuerdos pacíficos y llevada a cabo bajo una estricta supervisión. Las más recientes experiencia nos demuestran que la evaluación de las situaciones no puede quedar exclusivamente en mano de las fuerzas policiales o de los organismos de seguridad. Sobre este tema, en casos particulares, la APDH ha hecho y hará presentaciones específicas cuando corresponda.

No es sólo la aparición de conflictos lo que muestra la gravedad del problema del desempleo. Tal vez, ni es siquiera la más grave de las consecuencias. La evidente relación entre desocupación, injusta distribución de la riqueza y criminalidad se ha comprobado en casi todos los países del mundo—incluso los considerados más avanzados y es evidente en el nuestro. Y otro tanto puede decirse de las consecuencias de la desocupación en la destrucción de la vida familiar indispensable para la cohesión de una sociedad y del desamparo de la niñez y la adolescencia como factores de alteración psicológica e inestabilidad social.

Valga aquí una nueva referencia al tema del derecho al trabajo (Artículo 2.1 del Pacto DESC), que el estado frecuentemente, no solamente no protege debidamente sino que incluso viola. ¿No habremos llegado a la urgente necesidad de establecer la judicialidad de este derecho, de manera que los grupos humanos víctimas del incumplimiento del DESC puedan denunciar las violaciones ante las instancias judiciales e incluso en la Comisión Internacional de la OEA? Este recurso reafirmaría la indivisibilidad de los derechos civiles y políticos que nuestra Constitución establece.

Finalmente, queremos referirnos a un tema ampliamente abordado en los informes de las distintas comisiones: la tarea emprendida por la APDH para la formación de ‘agentes de derechos humanos’ en los distintos ámbitos de la capacitación de docentes, de estudiantes de derecho, de personas a cargo o responsables en el cuidado de adultos mayores, de detección y atención de personas o grupos sociales que sufren problemas psicológicos relacionados con las condiciones sociales en las que están inmersos. Las pasantías para estudiantes de derecho, los seminarios para la capacitación de personas vinculadas con los adultos mayores, las jornadas de estudio y capacitación realizadas por la Comisión de “La Mujer y sus derechos”, la participación en el INADI y la Comisión de pueblos indígenas—todos ellos realizados tanto en Buenos Aires como en el interior del país—responden a nuestra convicción de que una lucha real por la vigencia de todos los derechos humanos sólo puede ser eficaz cuando es instalada en la conciencia de la totalidad de nuestro pueblo. Es evidente que las organizaciones de derechos humanos no pueden por si solas lograr este propósito. Por eso hemos escogido una estrategia de capacitación de ‘agentes’ de promoción de los derechos en todos los campos de actividad social.

Es a esta tarea a la que queremos convocar a todos y cada uno de los participantes en la APDH—su consejo de presidencia, sus juntas y comités directivos, sus comisiones en nuestra sede y en las delegaciones. Necesitamos su presencia, sus informaciones y sus sugerencias, su apoyo y su crítica, su colaboración financiera. La APDH es y hace lo que sean y hagan todos los que la componemos. Sabemos que muchos de nosotros estamos requeridos de múltiples ocupaciones y compromisos, que dificultan la participación personal activa en una tarea que es casi totalmente llevada a cabo por voluntarios. Por eso, los que hemos tenido o tenemos alguna responsabilidad en la conducción y funcionamiento de la APDH queremos expresar nuestra admiración y gratitud por el apoyo material y moral de muchas personas que han hecho posible lo poco o mucho que este informe recoge. Y confiamos que ese apoyo y colaboración irá en aumento en el periodo que ahora comenzamos.

Al mismo tiempo, nos parece fundamental que el compromiso en la defensa de los derechos humanos sea asumido por toda la sociedad. Nadie puede sentirse seguro mientras no haya seguridad para todos. Nadie está seguro en su empleo si está rodeado de millones de desempleados. Nadie tiene un futuro seguro si no lo tiene todo el país. Construir, para nosotros y para las generaciones futuras una sociedad libre, justa y solidaria es la tarea que sólo puede llevarse a cabo con la participación de todos y cada uno de los que la componen. Es ese el desafío que queremos asumir como APDH, pero a la vez hacer presente al gobierno, a las distintas organizaciones de nuestra sociedad y a todos los habitantes de nuestro país.

APDH, 22 de Junio de 2001

______
[1] En los últimos cuatro años se registraron 1280 cortes (323 en este año), sin contar los de este último mes. En Salta, según los índices del Instituto de Estadísticas y Censos, el 55,9% de la población vive en hogares ubicados por debajo de la línea de pobreza y el 17.6% entra en la categoría de indigencia total. Son sólo algunos datos de los cientos que podríamos mencionar

 

 

         
       


Subir

         


Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Estatus Consultivo Especial ante el ECOSOC de la ONU - Organización acreditada en el registro de OSC de la OEA
Tel: (05411) 4372-8594 / 4373-0397, Fax: (05411) 4814-3714 - E-mail:
apdh@apdh-argentina.org.ar
Av. Callao 569, 3er Cuerpo, 1er Piso - (1022) Buenos Aires, Argentina