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Declaración por la decisión del gobierno de aplicar compulsivos descuentos en jubilaciones y sueldos
1.- Los derechos económicos y sociales, que son
parte integral e indivisible de los derechos humanos, han sido atropellados
otra vez por la decisión del gobierno de aplicar compulsivos descuentos en
misérrimas jubilaciones y en sueldos de los empleados estatales, agraviando
el bien común beneficiando, todavía más, a los mismos sectores financieros
que han vaciado el patrimonio público y han desvalijado el Tesoro nacional
con préstamos a intereses de usura. Son inaceptables, además, porque de
nuevo meten la mano sin permiso en los bolsillos de los que menos tienen,
sin plazos fijos ni compensaciones futuras, a diferencia de los anticipos de
impuestos que hacen las mayores corporaciones financieras y de servicios
que, lo mismo que el "megacanje", sólo aumentan a futuro la insoportable
carga de la deuda pública,
2.- La democracia está en peligro, porque la voluntad popular sigue siendo
convidada de piedra y porque el método de ordeno y mando, propio de los
regímenes de facto, es inaplicable en un Estado de derecho sin una escalada
de fuerza y de chantaje, premeditada y alevosa, que pretende aterrorizar a
la población con los hechos consumados y vacía de sentido a las
instituciones y normas de la Constitución Nacional. Ocho muertos a balazos
durante manifestaciones populares y 2.500 luchadores sociales en prisión o
sometidos a juicio por ejercer sus derechos de protesta, prueban la
intención de provocar una inaceptable espiral de violencia, sin justicia ni
libertad, en nombre de un principio de autoridad, lindero con el
autoritarismo, que no castiga a las causas ni a los responsables de la
depresión nacional. Las imposiciones por la fuerza son el principal factor
desestabilizador, puesto que en democracia sólo el voluntario consentimiento
popular, expresado a través de la consulta directa a los ciudadanos, puede
garantizar la estabilidad institucional, facilitar la gobernabilidad y
consolidar la independencia.
3.- Ignorada o despreciada, la voluntad popular no puede sino expresarse
mediante la protesta legal y legítima en defensa de sus derechos vulnerados,
por todos los cauces que le otorgan las garantías y derechos
constitucionales, incluidos los derechos de expresión, reunión y huelga, que
deben ser respetados, estos sí, "a rajatablas". Las razones para el disenso
sobran cuando los que tienen la representación obtenida en las urnas dejan
de lado los compromisos asumidos ante la ciudadanía para atender con
exclusividad a facciones minoritarias que son derrotadas por el voto de las
mayorías y luego imponen sus privilegios por la fuerza, aprovechándose de la
desorientación producida por ellos mismos con los recursos del poder
económico, el tráfico de influencias y la corrupción de las políticas
públicas.
4.- La crisis que agobia a la mayoría de los argentinos es muy severa y
múltiple, por lo que requiere serenidad, coraje cívico y sensibilidad social
para encauzar las vías de posibles soluciones. Es el mismo pueblo el que
reclama inflexible austeridad en quienes han asumido compromisos de servir a
la ciudadanía, en lugar de servirse de ella para aumentar sus patrimonios
personales, que después exhiben con obsceno desenfado. También el pueblo es
el que realiza los mayores sacrificios con la esperanza, defraudada una y
otra vez por quienes toman las decisiones, de contribuir a un porvenir
diferente y levantar a la patria hasta la altura de sus enormes potenciales.
Las experiencias y los esfuerzos realizados le han ganado el derecho a
levantar la voz para demandar: ¡Basta ya de exclusión social, de trabajo
ausente o mal remunerado, de pobreza sin fin, de ajuste perpetuo! Ha llegado
la hora de redistribuir las riquezas con criterio de justicia social para
detener la desintegración del país y de la familia que hieren la dignidad
humana.
5.- La APDH, por sus convicciones y su tradición, estará al lado de los más
débiles y desamparados, como siempre. Desde ya, dispone de sus recursos
solidarios para la defensa de los derechos civiles, económicos y sociales,
incluida la asistencia jurídica gratuita para quienes la requieran. Esta
Asamblea, orgullosa militante del movimiento nacional e internacional por
los derechos humanos, rechaza cualquier intento de menoscabar a la
democracia, a sus instituciones, a la libertad, a la justicia y a la
integridad del país y de su pueblo, porque sin ellas todo será peor. En esta
hora difícil suma su voz a todas las que demanda la unidad nacional para la
solidaridad y el bienestar general. Al ajuste excluyente y continuo, al
unísono con la mayor parte de la ciudadanía, la APDH responde: ¡Basta ya!.
Mesa Directiva de la APDH
18 de Septiembre de 2001
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