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  Coloquio "Estrategias de Protección Integral de los Derechos de las Víctimas 
de Crímenes de Lesa Humanidad en contextos de acceso a la Justicia"
10 y 11 de Mayo de 2007

“Esta etapa de este desafiante camino nos coloca ante la responsabilidad institucional y profesional de establecer estrategias institucionales destinadas a proteger el derecho de las víctimas en el contexto de acceso a la justicia. En este sentido valoramos el compromiso de la Oficina Regional de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su disposición de brindar apoyo a este esfuerzo colectivo, a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, a las diversas organizaciones sociales defensoras de Derechos Humanos, de digna y ponderada tarea en distintos puntos del país, como asimismo a las instituciones públicas que, desde sus roles específicos, contribuyen a la construcción de este espacio a favor de la memoria, la verdad y la justicia.”

 

 

RELATORÍA DEL COLOQUIO

 

I.- Apertura

Dra. Carmen Rosas Villa Quintana
Representante Regional para América Latina y el Caribe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Dr. Eduardo Luis Duhalde
Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Dr. Norberto I. Liwski
Presidente del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH).

Dr. Jorge Auat
Fiscal General a Cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, cometidas durante el Terrorismo de Estado.

Durante las exposiciones en la apertura del coloquio, resaltamos las siguientes ideas sustantivas abordadas por los expositores:

En relación al Estado

 Se destacó la obligación indelegable del Estado en garantizar la protección y asistencia de los testigos y querellantes, víctimas del terrorismo de Estado, cumpliendo con las obligaciones Jurídicas que surgen en el marco del Derecho Internacional
 Se señaló la necesidad de prevenir, promover y crear los mecanismos necesarios para que se hagan efectivos los mecanismos procesales. 
 Se señaló la importancia de que ninguno de los actores sociales quede excluido, el Estado debe garantizar espacios como Foros, Coloquios, con la participación de la Sociedad Civil, articulando en forma coordinada con los Organismos del Estado. Los mismos operarán como órganos de soporte para los juicios.
 Se señaló la importancia de la promoción del trabajo interdisciplinario, instalando la capacidad de diálogo como instrumento de modalidad de trabajo.
 Se puntualizó sobre la necesidad de avanzar en los juicios, trabajando los prejuicios ideológicos, que todavía funcionan como cepos en algunos operadores judiciales y en algunos sectores de la Sociedad Civil.
 Se señaló que la desaparición de Jorge Julio López, testigo paradigmático, importa una desaparición atípica que ilustra cómo el Estado no pudo proteger satisfactoriamente a un testigo.

En relación a las Víctimas

 Se expresó que testimoniar “ilumina el escenario del horror” al ejercer una responsabilidad ética que produce un efecto reparatorio.
 Se remarcó que las víctimas tienen derecho a ser tratadas con respeto, restableciéndoles sus derechos a partir de la justicia, visualizando este aspecto como acto reparatorio.
 Se recordó que la Comunidad Internacional afirma su solidaridad con las víctimas y la necesidad de justicia y reparación.
 Se señaló que es necesario que cada testigo sienta no solo protección del Estado y de los grupos que le brindarán ayuda psicosocial y jurídica, sino la solidaridad de toda la sociedad. Para remarcarlo se expresó que no se trata solamente de ser orden de prueba sino que necesita ser preservado en su integridad física y psíquica.
 Se señaló que las víctimas tienen derecho a la paz y en este sentido el proceso penal lleva a un orden social que favorece la pacificación.

 

II.- Normas y directrices de Naciones Unidas sobre el derecho de las víctimas y el acceso a la justicia

Expositores

Consejero Federico Villegas Beltrán
Director General de Derechos humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Dra. Andrea Gualde
Directora Nacional de Asuntos Internacionales en Derechos Humanos. Secretaria de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Dra. Carmen Rosa Villa Quintana
Representante Regional para América Latina y El Caribe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

Moderadora
Lic. Victoria Julia Martínez
Directora Nacional de Asistencia Directa a Personas y Grupos Vulnerables, Secretaria de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

 Se destacó la importancia de la perspectiva Histórica de los Derechos Humanos, como reflexión de un proceso de evolución de los Derechos de las personas.
 Se expuso que durante trescientos años cada Estado resolvía en su interior los conflictos, sin participación de los demás Estados. El derecho internacional luego del Holocausto cambia, a partir de los juicios de Nüremberg, produciéndose un salto cualitativo de la humanidad por el cual las víctimas se transforman en sujetos de Derechos Internacional.
 Se destacó que Argentina representa un caso paradigmático ya que es un laboratorio de progresivo desarrollo de los Derechos Humanos Internacionales y un ejemplo de lucha contra la impunidad.
 Se señaló que avanzar en los juicios es una obligación Internacional de la Argentina.
 En relación a las Directrices de Naciones Unidas se señaló especialmente que las mismas no tienen carácter vinculante, son procedimientos que sirven de guía para poder legislar y aportan un desarrollo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
 Se enumeraron algunos de los bienes jurídicos protegidos por las Directrices: el derecho a acceder a la justicia y el derecho a obtener reparación, lo cual devuelve la dignidad a la víctima.
 En relación a la protección de la víctima el recurso efectivo, administrativo y judicial, comprende el antes, durante y después de los procesos judiciales.
 Con referencia a la reparación, se señaló que el derecho solo no alcanza en el ámbito reparatorio porque marca estándares que representan ficciones jurídicas. Las leyes necesitan interpretación que deben orientarse en favor de las víctimas y en este sentido el derecho y la norma deben nutrirse de otras disciplinas. La función primordial del derecho es ordenar la conducta humana, funciona como ordenador social.
 Sobre el rol de los operadores se señaló que se necesita ser creativos y flexibles para encarar una tarea multidisciplinaria que complemente lo jurídico y no caer en la doble victimización. 
 Se destacó que es crucial el acompañamiento de la víctima teniendo en cuenta dos factores: la dimensión individual y la dimensión colectiva.
 En relación al acceso a la justicia se señaló que la impunidad hace que se pierda la confianza en ésta. 
 Se resaltó durante todo el desarrollo de las exposiciones que el derecho de la víctima en relación a la protección y asistencia, no está sólo dirigido a ella sino también a su entorno familiar y comunitario 
 Se enfatizó sobre la responsabilidad que debe tener el Estado en adoptar medidas que le aseguren a la victima una participación libre dentro del proceso. Sin este compromiso que debe garantizar el Estado, la víctima puede decidir no declarar, negándole al juzgador el principal soporte de enjuiciamiento. 
 Se destacó que otro mecanismo necesario para hacer efectivo el derecho de las víctimas es la participación activa de la sociedad civil. Se expresó que el Estado debe coordinar junto a las organizaciones de la Sociedad Civil, a través de sus Organismos.
 Se habló de la necesidad de una Asesoría Jurídica como medida de asistencia al testigo, que lo oriente sobre la importancia de cada una de las actuaciones que realiza y sus resultados. Este Asesor debe asistirlo en todas las etapas del proceso.
 Se subrayó la necesidad de pensar qué mecanismos provee el Estado para que el juez actúe de manera independiente ya que la autonomía del Poder Judicial es fundamental. 
 Se remarcó que hay que atender la protección dirigida a los jueces, a los fiscales y a los defensores. 
 Se destacó asimismo que este deber de protección es indelegable del Estado, pero el de asistencia debe ser una tarea conjunta entre el Estado como garante y las Organizaciones Civiles como soporte de asistencia integral.
 Los expositores resaltaron los cuatro pilares en los cuales se apoya la lucha contra la impunidad son: Memoria, Verdad, Justicia y Reparación. La Justicia Argentina, por decisión del Estado, se sostiene sobre estos cuatro pilares. En esto se fundamentó la sentencia del Tribunal Oral Nº 1 de La Plata que condenó a un represor en el marco del genocidio, siendo este fallo el único en el mundo en donde se juzga sobre un genocidio perpetrado dentro del propio país juzgador. 

 

III.- El rol de las víctimas en los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad, desde una perspectiva amplia.

Expositores

Dr. Eric Sottas
Director del Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (O.M.C.T) Ginebra, Suiza

Dr. Luis Alén
Jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Dr. Carlos Rozanski
Presidente del tribunal Federal Nº 1 de La Plata

Lic. Marcos Guillén
Co-coordinador del Programa de Asistencia a Víctimas de Tortura y Terrorismo de Estado, CODESEDH

Moderador
Dr. Alberto Palacios
Representante de CODESEDH

 Quedó expresado enfáticamente que el Estado Argentino tuvo la capacidad de juzgar a sus represores y en este sentido se destacó la ardua tarea de los Organismos de Derechos Humanos que facilitaron llegar a la etapa actual en los procesos judiciales.
 Al surgir el tema de la Justicia Transicional, se planteó un debate: ¿cómo se resuelve la cuestión de la reparación y la rehabilitación de la víctima si no hay castigo? Se dijo que en Argentina este debate no está planteado, porque en la actualidad se garantizó el acceso a la justicia y al castigo efectivo. La Justicia Transicional, si bien posibilita conocer la verdad de lo ocurrido, no resulta satisfactoria desde el aspecto jurídico ni desde el social.
 Se señaló que la victima es el núcleo central de un proceso que puede incluir dos dimensiones: la de ser solamente testigo y/o la de ser, además de testigo, querellante. En este sentido se insistió en la necesidad de orientarlos y asesorarlos sobre su desenvolvimiento durante el tiempo que duren los procesos.
 Se planteó el interrogante de cómo proteger a los testigos cuando éstos no confían en las estructuras estatales. Se propone la coordinación con el Ministerio Público para que éste aporte la información necesaria sobre los testigos, además del trabajo conjunto con la Sociedad Civil que colabore con el Estado para que cumpla con sus funciones específicas.
 Se puntualizó que el Estado, como garante de estos derechos, tiene la obligación de informar tanto a los testigos como a los Órganos jurisdiccionales competentes la existencia de los Programas orientados a la Protección y Asistencia a testigos. Desde el Código de Procesal Penal de la Nación, el Estado queda obligado a cumplir con todas las medidas necesarias para hacer efectiva la protección y asistencia a las víctimas.
 Se señalaron las dificultades existentes para implementar los mecanismos de Protección, puntualizando que uno de los elementos que no garantizan esta Protección es la impunidad. 
 Se plantearon tres aspectos a tener en cuenta en lo jurídico: respecto al juicio, a la víctima y a la comunidad. a).- Respecto al juicio: éste implica la reconstrucción de un hecho histórico a través del testimonio de quien lo cuenta. La dificultad actual es que estos hechos ocurrieron hace 30 años, lo que demuestra la ineficiencia del Estado al favorecer la impunidad con las leyes del perdón. b).- Respecto de la víctima: se expresó que se trata de un sujeto que ha sufrido traumas, los cuales generan mecanismos de defensa para sobrevivir. Esta calidad de sobrevivencia dependerá en gran parte del acompañamiento que se le haya brindado. c).- En relación a la comunidad: se marcó la existencia de cierta anomia social que sumada a la soberbia de la comunidad jurídica, atentan contra la posibilidad de trabajar interdisciplinariamente.
 Se señaló que el terrorismo de Estado generó una tragedia social y cultural de extrema gravedad que nos ha marcado hasta nuestros días. Una de sus consecuencias es el miedo y la pérdida de la empatía, posibilidad de ponerse en el lugar del otro.
 También se destacó la resistencia al cambio, generada principalmente en Instituciones cerradas, como sucede por ejemplo en la justicia.
 Se marcó la distinción entre los paradigmas formales y reales. El paradigma formal es la norma, el paradigma real es la desaparición de un testigo, que destruye al paradigma anterior por lo cual “si la ley no protege, la ley no sirve” y el paradigma formal desaparece. En este contexto la prioridad en un proceso judicial es la protección de un testigo además del esclarecimiento del hecho. Si nos confundimos en esto, no podremos visualizar las estrategias adecuadas para destruir la impunidad.
 Se señaló la necesidad de garantizar el debido proceso, sin falsas opciones, para todas las partes y sobre todo para las víctimas. Esto conduce a no revictimizar, entre otras cuestiones.
 Se presentó el Programa de Asistencia a Víctimas del Terrorismo de Estado del CODESEDH, caracterizando a la población beneficiaria y señalando sus diferentes líneas de trabajo. Se manifestó la coordinación que mantienen con instituciones del Estado y la Sociedad Civil en el abordaje de estrategias. Respecto de la caracterización de las víctimas, se señaló que la modalidad se centra en los siguientes ejes: 1)- aspectos sociodemográficos; 2)- caracterización del hecho traumático; 3)- lugar donde ocurrió el hecho; 4)- caracterización de los victimarios; 5)- testigo del hecho; 6)- actitud familiar y respuestas solidarias. Se subrayó además que se trabaja en los efectos transgeneracionales, lo que tiende a una reparación colectiva. Se visualizan tres planos de desafíos: a).- apuntar a consolidar una autoestima que los ubique como sujetos. b).- trabajar sobre el plano familiar y cotidiano de las víctimas, enfocando en la valoración de las opciones que tuvieron luego del hecho traumático. c).- trabajar sobre la importancia de su condición de testigo, como camino a una reparación colectiva del daño.


Propuestas

En líneas generales, se pueden subrayar los siguientes aportes e inquietudes, que fueron surgiendo de los diferentes momentos de exposición y participación:

 Coordinar estrategias de protección de testigos y víctimas con quienes tienen a su cargo la dirección política de las fuerzas de seguridad en el Estado democrático de derecho.
 Resulta necesario que la política de medios de comunicación del Estado nacional se vincule con la política de Derechos Humanos.
 Implementar políticas efectivas que garanticen que no exista impunidad; el Estado debe dar señales claras a los testigos que la impunidad aquí no es posible. Esto incluye la depuración de las Fuerzas de Seguridad que permanecen en servicio activo desde los años de la dictadura; actuar del mismo modo con los funcionarios públicos que aún permanecen en sus cargos o tuvieron alguna participación durante el terrorismo de Estado. 
 Que existan mecanismos adecuados para dar a conocer dentro del propio proceso penal la existencia de los Planes y Programas de Protección y Asistencia a testigos.
 Establecer desde los órganos judiciales criterios unívocos en cuanto a la calificación de los hechos imputados. 
 Dirimir las cuestiones de competencia para garantizar seguridad jurídica.
 Capacitar a los agentes de justicia para llevar adelante estos procesos.
 Se abre a discusión en esta instancia cómo se va a trabajar en el marco de las garantías procesales, como por ejemplo, el tema de la prisión preventiva y los lugares de detención.
 Se propone la participación activa de la sociedad civil, que funcione a modo de custodia colectiva, reconstruyendo un cuerpo social que se intentó destruir a través de un plan siniestro,
 Se marcó la necesidad de acelerar los juicios, como otra forma de proteger al testigo.
 Reforzar los mecanismos de articulación y complementariedad entre el sector público y la sociedad civil a fin de contribuir a generar un espacio de mayor contención ante la situación particular del testigo.
 Convocar a todos los sectores, medios de comunicación, salud, educación, para acompañar estos procesos, reforzando la memoria colectiva, contribuyendo a reconstruir los lazos sociales que hacen a nuestra historia.
 Crear mecanismos ágiles, claros y unívocos que impidan que los funcionarios anquilosados se sientan amparados en la burocracia judicial.
 Crear un Sistema Único Nacional en coordinación con las Provincias, con una cabeza única que coordine acciones.
 Establecer con claridad qué organismo debe actuar ante cada caso específico, sin ningún tipo de dilación. Que exista una línea telefónica a la cual acudir que brinde una respuesta inmediata ante cualquier particularidad que se le presente al testigo.
 Crear una Fuerza Especial dentro de los mecanismos de protección para los casos que requieran custodia.
 Que las actuaciones que tienen que ver con la seguridad y asistencia del testigo se tramiten por separado como Expediente Reservado.
 Que los medios masivos de comunicación, fundamentalmente los medios oficiales, den cuenta de estos espacios reflexivos que se van llevando a cabo para instalar el tema en el tejido social.
 Que los espacios donde funcionaron Centros Clandestinos de Detención sean destinados a la recuperación de la memoria. Ello significa no rescatar sólo las piezas del horror, sino que se visualice en ellos el marco de un contexto histórico-político. 
 Seguir llevando desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación estos Foros y Programas, hacia todo el territorio del país a fin de responder a demandas locales.

 

IV.- Efectos psico sociales en el proceso de decisión de la víctima y su entorno familiar y social, respecto de asumir el carácter de testigo y querellante. Perspectiva ético- profesional.

 

V.- Estrategias psico sociales –modelos de intervención – destinadas a contener y facilitar la elaboración de la experiencia tanto desde el punto de vista de reparación individual como colectiva.

 

Expositores

Lic. Sara Slapak 
Decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.

Lic. Fabiana Rousseaux
Coordinadora del Programa Consecuencias actuales del terrorismo de Estado en Salud Mental, Secretaría de Derechos humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Lic. Graciela Guilis
Psicoanalista. Asesora de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Sr. Osvaldo Barros
Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.

Lic. Victoria Martinez
Directora Nacional de Asistencia Directa a Personas y Grupos Vulnerables, Secretaria de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Dr. Norberto Liwski
Presidente de CODESEDH

Dra. Gillou Garcia Reynoso
Médica Psicoanalista. Secretaria de Cultura de A.P.D.H

Moderadora
Lic. Malena Arriagada
Representante de la Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.


Ideas sustantivas abordadas por los Expositores

 Diferencias entre un sistema de Terrorismo de Estado y un Sistema democrático.
 Responsabilidad indelegable del Estado democrático respecto de la obligación de hacer justicia.
 Diferencias entre el discurso jurídico y el testimonio como discurso ético.
 Pasaje de la persona desde el estado de víctima al de acusador, testigo, querellante.
 Posibilidad de reconocer al victimario en situación diferenciada de acusado / imputado.
 Decisión personal de realizar este pasaje. Dificultades que afronta el testigo y dificultades de sus familiares.
 La necesidad y la responsabilidad de dar testimonio. 
 La satisfacción y la culpa por la propia supervivencia. 
 Tensión entre la singularidad y la universalidad respecto de los efectos y consecuencias de la decisión de ser testigo / querellante. 
 La expresión artística como posibilidad de tramitación del horror.

Los expositores resaltaron la necesidad de contar con dispositivos gubernamentales de protección, atención y contención de los testigos y de velar por la garantía de continuidad del Estado de Derecho y de todas sus Instituciones. Coincidieron en que el Estado es quien tiene que asumir su responsabilidad, haciéndose cargo de hacer justicia. 
Se mencionó además que los juicios tendrían que posibilitar una experiencia reparadora comunitaria y un aporte a la reconstrucción del tejido social, basados en la justicia y el derecho colectivo. 
Destacaron asimismo la necesidad de asumir los daños que el Estado Terrorista provocó en la sociedad en su conjunto, destruyendo los lazos sociales, capital simbólico de la comunidad.
Se sugirió la necesidad de que la comunidad entera asuma un trabajo de rescate de la memoria, luchando contra el olvido y contra la negación, asumiendo las marcas que el Terrorismo de Estado dejó en la subjetividad, en las almas y en los cuerpos de cada uno y de la sociedad en su conjunto. “Aquello que se intente olvidar regresará como síntoma”
Se señaló que al recordar nos hacemos cargo de los riesgos que nos acechan y podemos iniciar el trabajo para evitarlos.
Respecto del testimonio se mencionó su doble sentido, como obligación moral hacia los que no sobrevivieron y como necesidad de quitarse de encima el peso del recuerdo. 
Dar testimonio reactualiza en la persona su condición de víctima pero también de sobreviviente. Se destacó además el estatuto de verdad del testimonio, tiene la fuerza y la eficacia de la prueba: su legitimidad no podrá ser verificada por los medios habituales de comprobación científico-académicos. 
Se señaló la perversidad del mandato de silencio que se apoya en el doble mensaje de “bienvenido sea lo que relaten ya que servirá para aterrorizar”, junto a “todos desconfiarán de quien relate un horror del que se salvó”. 
Se destacó que la hospitalidad del que escucha permite hablar sin paralizarse al revivir la situación traumática que reedita el terror y el odio, por lo cual es fundamental hacer lugar a la palabra del testigo para que pueda hablar hasta las últimas consecuencias. Coincidieron en que es la única alternativa para superar la impunidad y garantizar que no se repita.
Uno de los expositores destacó la importancia de los gestos claros que está dando este gobierno respecto de la problemática, con acciones que permiten por primera vez avances puntuales. Mencionó asimismo que son insuficientes, que la impunidad sigue vigente, y fundamentó en los siguientes hechos: 
“Que la mayor parte de los genocidas está en libertad; que en la Pcia. de Bs.As. hay más de 3000 policías en actividad que ingresaron en la fuerza antes de 1978, por lo que participaron de las estructuras represivas; que los Grupos de Tareas siguen operando y están formados por fuerzas retiradas pero también en actividad; que la Cámara de Casación es un embudo para paralizar las Causas y defender a los represores, dilatándolas hasta que prescriban; que los juicios se van desmembrando en Causas aisladas en lugar de reunir en una sola todas las acusaciones hacia un mismo represor”. Señaló que esto obliga al testigo a testimoniar en varios juicios, exponiéndose reiteradamente, lo que implica mayor inseguridad y agudiza su revictimización. 
Se transmitió el trabajo que se está realizando desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a través del Programa Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado en Salud Mental (CATE), coordinado por la Lic. Fabiana Rousseaux. Dicho Programa es un aporte desde el Estado a las políticas reparatorias. Se articula con equipos de Salud Mental, Abogados, Jueces y Fiscales; de este modo el Estado asume su responsabilidad respecto del trabajo sobre la marca social del Terrorismo de Estado. Se llevan a cabo Seminarios de Capacitación a nivel nacional, dirigidos a profesionales de la salud mental y también a profesionales del campo jurídico que desarrollan su tarea en el marco del Plan Nacional de Asistencia a testigos y querellantes, víctimas del terrorismo de Estado. 
Entre las experiencias que se mencionaron estuvieron la de Morón, tanto con el Equipo Arqueológico Antropológico de Mansión Seré, como con su Equipo de Salud Mental que presta asistencia a los sobrevivientes de dicho Centro Clandestino de Detención, como así también el Seminario de formación en la ciudad de La Plata y próximamente en diversas provincias del interior del país.

Propuestas

 Trabajar interdisciplinariamente, en Equipos y en Red, antes, durante y después de las Audiencias.
 Que los Profesionales trabajen en estrategias conjuntas, colaborando en el diseño de un nuevo abordaje, construyendo lo que no existe.
 Exigir que el Estado se haga cargo de sus responsabilidades. Extenderlo también a los Profesionales.
 Que los Juicios se hagan por Campos Clandestinos de Detención y Tortura y no por hechos aislados. Que se caratule por Centro Clandestino y se juzgue a todos los que actuaron en ese lugar.
 Que se creen nuevos Tribunales para resolver juicios simultáneos.
 Que el Gobierno y la Justicia busquen otras soluciones a los problemas y dificultades que van surgiendo.
 Que el Gobierno emprenda acciones políticas concretas para brindar tranquilidad a los testigos. 
 Para evitar la revictimización es preciso tomar lo que el testigo dice en Primera Instancia y no someterlo a repeticiones innecesarias.

Intercambios y preguntas

Se consultó sobre las posibilidades de introducir esta temática específica en la carrera de grado de los Psicólogos. 
Los expositores reconocieron que es uno de los déficits existentes en los profesionales del Derecho y de la Salud Mental. 
Se comentó la experiencia realizada durante la década del ´80 en la Cátedra Libre de Ética y Derechos Humanos de la Facultad de Psicología de la UBA, cuyos contenidos sería conveniente rescatar. También se señaló que no puede transformarse en una especialización porque es un riesgo psicopatologizar la situación. 
Por otra parte se puntualizó que los Profesionales son responsables de una ética que debe ponerse en juego tanto en el ejercicio del Derecho como de la Salud.
Se expuso la falta de acompañamiento que sufren los operadores de justicia frente a los testimonios que escuchan, porque no se trata solo del rescate del discurso objetivo, los testigos son sujetos y los Operadores también. Los testigos necesitan que los operadores les hagan un lugar. “El lugar en el Otro es lo importante”. 

 

Día 11 de mayo

 

VI.- Coordinación de las diferentes estrategias institucionales

Expositores

Dr. Jorge Auat
Fiscal General a cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.

Dr. Mariano Ungar
Director Nacional del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados de la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios.

Sra. Judith Said
Coordinadora general del Archivo Nacional de la memoria, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Moderador
Lic. Carlos Herbón
Representante de la Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

VII.- Mesa de Cierre

Expositores

Dra. Carmen Rosa Villa Quintana
Representante Regional para América Latina y el Caribe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Dr. Eduardo Luis Duhalde
Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Dr. Norberto I. Liwski
Presidente del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH).

Lic. Victoria Julia Martínez
Directora Nacional de Asistencia Directa a Personas y Grupos Vulnerables, Secretaria de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Dr. Jorge Auat
Fiscal General a cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.

Consejero Federico Villegas Beltrán
Director General de Derechos humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Ideas sustantivas expresadas por los Expositores

- Sentirse como operadores de un cambio fundamental para superar la hipertrofia institucional.
- Ser articuladores de espacios de libertad y reflexión.
- “Los dolores que tenemos son las libertades que nos faltan.”
- Asumir la deuda importante que tiene el Estado en todo su territorio.
- Dar a estos espacios la importancia fundamental que tienen como formas de comunicación y transmisión entre los diferentes actores sociales, y como pasaje de la historia y la memoria de una a otra generación.
- Pensar estrategias a largo.mediano ycorto plazo que nos permitan revisar, supervisar e intercambiar las experiencias de asistir y contener a las victimas del terrorismo de Estado en su rol de testigos y los efectos subjetivos reparatorios y movilizadores de la historia personal que se ponen en juego. Esto supone un encuadre de abordaje muy singular adaptado a cada situacion particular, que nos obliga a ser muy originales, flexibles y creativos en la intervencion profesional, que muchas veces debe incliuir al entorno familiar. Promover la instalacion del la tematica de los DDHH y esta forma particular de abordaje en las organizaciones sociales, gremiales, universidades, colegios profesionales, etc.
- Intercambiar de qué manera se logra eficacia de acuerdo a la especificidad de nuestra práctica en el campo interdisciplinario. 
- “Si el testigo no encuentra un cuerpo social receptivo, está condenado a ser eternamente testigo.”
- Reconocer las diferentes realidades provinciales que inciden en la decisión personal de testimoniar.
- Aportar al reconocimiento social de nuestros propios mecanismos de negación: tolerancia al mal, a la crueldad, a la connivencia. 
- No existe incompatibilidad entre brindar asistencia y brindar protección. El que está en el Programa de Protección, necesita asistencia sicológica.
- No todos los testigos podrán ser absorbidos por un Programa. El grado de protección se determinará en cuanto a la gravedad del riesgo, lo que significa diferentes posibilidades de protección.
- Reformar el Proceso Penal que no está siendo útil a los fines, mejorando y potenciando lo que funciona.
- Para empezar a transitar la solución es fundamental reconstruir la memoria.
- Se solicita a la Representante de Naciones Unidas que transmita la importancia que reviste la experiencia argentina como modelo para todos los países que enfrentan un pasado trágico.
- Es un desafío inédito buscar, proteger y asistir a víctimas y testigos que tienen el carácter de ser la Prueba de Cargo.
- Es necesario pensar soluciones tanto inmediatas como a largo plazo.
- La Representante de Naciones Unidas expresa la necesidad de replicar estos espacios sin que pase mucho tiempo para que se concreten las acciones y propuestas. Propone la creación de un Equipo de Trabajo para monitorear los cambios que se vayan produciendo. El Principio 36 (Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Naciones Unidas) refiere a la reforma institucional del Estado, y en especial el Poder Judicial sea independiente, imparcial y eficaz. Garantizar el control civil de los organismos de seguridad y de inteligencia.
- Colectivicemos el resultado de esta Relatoría para hacerle observaciones y críticas. Podemos mejorarla y distribuirla para que se corrija. 

 

             
         
       


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